Monto de pensión en Poder Judicial no tiene límite; la más alta es ¢9 millones

Por: Óscar Rodríguez 23 marzo, 2015

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se oponen a las propuestas de diputados del PLN y PUSC para limitar el monto de las pensiones otorgadas en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Los altos jueces rechazaron las reformas legales que plantean un tope a la pensión diferente al sugerido por ellos.

En el plan de la Corte Plena, compuesta por 22 magistrados, se indica que la jubilación no podrá ser mayor al 75% del salario más alto de la institución. Actualmente, sería de ¢7 millones.

Asimismo, los magistrados tampoco están de acuerdo con la propuesta de los diputados de que los jubilados actuales y futuros hagan aportes solidarios al régimen.

“La propuesta hecha por la Corte tiene como fundamento técnico el estudio actuarial del 2012. Este tope, asociado a las otras medidas incorporadas en el proyecto, hacen que nuestra iniciativa de reforma sea integral y se ajuste a nuestro sistema de jubilaciones”, explicó Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.

Sin embargo, el límite planteado por la Corte (que la pensión máxima no supere el 75% del salario más alto) solo aplicaría para nueve pensionados y a 35 empleados activos, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Sin embargo, el fondo tiene a 3.408 jubilados y 11.836 empleados activos cotizantes.

La discusión sobre la sostenibilidad del fondo se inició en el 2012, tras la publicación de un estudio actuarial, contratado por la entidad, que determinó la insolvencia del sistema en el 2027 y un déficit actuarial de ¢4 billones.

Entre los privilegios que minan las finanzas está el retiro de los empleados a los 55 años de edad o el cálculo de la pensión con base en los últimos 12 salarios.

La eliminación del tope a las pensiones, en el 2010, por parte de la Sala IV, también afecta al régimen, aceptó Romero.

Propuestas. La Corte retomó la discusión sobre las reformas legales al fondo en diciembre cuando, casi por unanimidad, rechazaron un proyecto de ley de la diputada Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Ella propuso una contribución especial solidaria al sistema de pensiones del 2% al 30% para los jubilados –actuales y futuros– que estén por encima del salario base más bajo del Poder Judicial, ¢400.000.

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también presentó una iniciativa similar, pero con tramos de aporte especial del 1% al 45%.

Para los magistrados, dichos aportes, tal como están planteados, presentan vicios de inconstitucionalidad porque carecen de razonabilidad.

Además, no se fundamentaron en un estudio técnico y significarían una doble imposición tributaria, pues las pensiones superiores a ¢793.000 pagan renta.

“Este proyecto (el de Piszk) es muy importante y esta Corte debe emitir criterio negativo (...). Sin duda, tiene que ver con la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, porque significa una variación sustancial de las condiciones laborales”, dijo Zarela Villanueva, presidenta de la Corte, según el acta de Corte Plena, del 8 de diciembre.

Piszk y Rafael Ortiz, diputado del PUSC, cuestionaron los alegatos de los magistrados y recordaron que la Sala IV avaló la contribución adicional en el régimen de pensiones de los maestros.

Por otra parte, una veintena de organizaciones gremiales del Poder Judicial se desmarcaron de los magistrados y presentaron, en enero, un proyecto alternativo para reformar el fondo.

Los empleados judiciales propusieron un tope de pensión mensual de 12 salarios base, es decir ¢4,8 millones. Para las jubilaciones actuales y futuras, que superen tal parámetro, introdujeron una contribución solidaria del 20% sobre el exceso del tope.

“El proyecto inicial (de la Corte) planteó un tope que no es tope. El nuestro está fundamentado en un análisis actuarial que dará sostenibilidad al fondo”, explicó Adriana Orocú, presidenta de la Asociación de la Judicatura.

La iniciativa es analizada por los magistrados Orlando Aguirre y Luis Guillermo Rivas, y de Ana Eugenia Romero,directora ejecutiva del Poder Judicial.