Por: Óscar Rodríguez 24 abril, 2015

Una decena de asociaciones gremiales del Poder Judicial solicitó a la Corte Plena aplicar medidas urgentes para evitar un desequilibrio en el régimen de pensiones.

En agosto del año pasado, un grupo de empleados judiciales se manifestó ante el Congreso en defensa del régimen de pensiones del Poder Judicial. | ALEXANDER CARAVACA/ARCHIVO
En agosto del año pasado, un grupo de empleados judiciales se manifestó ante el Congreso en defensa del régimen de pensiones del Poder Judicial. | ALEXANDER CARAVACA/ARCHIVO

Las organizaciones sostienen que la actual legislación permite rebajar el monto de pensión a quienes cuenten con otros ingresos adicionales a su jubilación.

“La legislación vigente establece mecanismos de cancelación o modificación de las asignaciones otorgadas y es en esa dirección que estamos dirigiendo nuestra petición”, argumentaron los sindicatos, según el acta de Corte Plena 56-2014 , del pasado 1.° de diciembre.

Asimismo, solicitaron una revisión de los montos de pensiones de familiares de empleados judiciales fallecidos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial dicta que ninguna pensión por supervivencia puede ser mayor a una tercera parte del monto del beneficiario oficial. Pero los trabajadores pidieron investigar si se cumple con dicha norma. Actualmente, hay 685 personas con una pensión heredada, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Entre los grupos que pidieron ajustes, hubo jueces, fiscales, pensionados, psicólogos e investigadores judiciales.

La Corte Plena ordenó a la Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial indagar la solicitud de los empleados judiciales.

Contra ajustes. Por otra parte, los empleados judiciales se opusieron a la posibilidad de que los magistrados realicen un nuevo ajuste en el porcentaje de cotización al régimen de pensiones por parte de los trabajadores.

El aporte de los funcionarios pasó del 9% del salario a un 11%, entre enero del 2012 y el 2014.

Los gremios insistieron en que la cotización solo puede ajustarse por razones de necesidad del fondo y con base en estudios actuariales.

Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, dijo que la ley vigente establece que la Corte Plena podrá aumentar los aportes hasta un 15%.