25 agosto, 2014

Imagen sin titulo - GN
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Nuevamente, y sin que esta sea una reforma de orden definitivo, integral, sustantivo y completo, el Poder Ejecutivo ha presentado a consideración del Congreso una nueva iniciativa para “Mejorar la Lucha contra el Fraude” –tal y como lo titula– donde se denota una necesaria acción de remiendo a nuestro desgastado sistema jurídico y un empujón más a nuestro ineficiente sistema de gestión.

Sin que se haya estrenado de manera integral las normas de reforma fiscal realizadas en el 2012, se promueve una iniciativa de remozo del Título Tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios , cuando recién hace cuatro meses se publicó el reglamento a las leyes N.° 9068 y N.° 9069, que enmendaron este título.

Muchos de los artículos propuestos vienen a darle salud jurídica a un reglamento carente de fundamento en cuanto a facultades y potestades reservadas de forma material a la ley, tal cual lo reza el artículo 121.13 de la Constitución Política; es decir, vienen a ser una cura en salud antes de su previsible derribo constitucional al momento de su aplicación concreta de normas carentes de contenido legal.

Por otra parte, surgen normas propuestas para la eficacia de las acciones cobratorias por parte de la Administración Tributaria, con un peligroso desequilibrio de fuerzas, donde las medidas cautelares en sede administrativa preocupan a empresarios y profesionales, en especial dada la experiencia acumulada de impericias de la fase determinativa en la que pueden quedar congelados activos de la empresa por razones meramente de orden cautelar y sin que medie la objetividad necesaria de un juez que valore las motivaciones concretas de la Administración; administración que, por la mera paranoia –o desesperación del flujo de caja–, podría establecer medidas de orden desproporcional.

Asimismo, vienen nuevamente normas relativas a asuntos de procedimiento penal, aspecto que viene a retocar de nuevo el artículo 92 de Código Tributario, en el que parece importante que se incluya de una sola vez, y por disposición legislativa, la facultad legal de arreglo alternativo con el fisco, para que esta disposición deje de considerarse a merced del gobierno de turno.

Se adecuan además sanciones que han sido cuestionadas de inconstitucionalidad, como la del artículo 83 en la que la sanción puede ser desproporcional en relación con el daño jurídico causado.

Es así como una vez más, se somete al sistema tributario costarricense a un nuevo remiendo.