San José.
El Gobierno solicitó a los bancos estatales un plan de acción para separar incentivos de las convenciones colectivas; eliminar esquemas especiales para alta gerencia, excluir grupos con conflictos de interés del diseño y supervisión de estos regímenes de bonificación y redefinir topes máximos, e incluir las contribuciones a la seguridad social.
Así lo hizo mediante directriz 026-H, informó la Presidencia mediante un comunicado, la tarde de este martes.
La Directriz sobre las políticas de pago de los incentivos instruye a los bancos estatales a rediseñar y ajustar políticas de pago de incentivos, otorgar beneficios a trabajadores que conduzcan a una mejora real en su productividad, que el pago sea consistente con el cumplimiento de metas institucionales, así como un uso razonable, eficiente y transparente de los recursos públicos.
Este mandato hace énfasis en el principio de vinculación del incentivo con la función de desarrollo de la banca pública. "(...) en razón de la naturaleza pública y el rol en el desarrollo social y económico del país que cumplen los bancos estatales, el pago de incentivos debe estar obligatoriamente condicionado al cumplimiento de metas concretas al respecto, específicamente las relacionadas con el programa de Banca para el Desarrollo y lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo", señala la directriz.
"La Administración Solís Rivera sella, una vez más, su compromiso de austeridad en el manejo de los fondos públicos de manera eficiente, sin que limite las condiciones fundamentales, para que nuestra banca estatal siga siendo un motor de impulso al crecimiento económico que genere bienestar y desarrollo para Costa Rica", indicó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Las juntas directivas de los bancos públicos estatales, la cuales tienen directivos del Partido Acción Ciudadana, deben tomar los acuerdos respectivos para implementar lo establecido en un plazo de dos meses, a partir de la publicación de la presente directriz. Se exhorta al Banco Popular y de Desarrollo Comunal a adoptar los lineamientos establecidos.
"Con esta decisión, el Poder Ejecutivo deroga la directriz N°. 25 de octubre de 1997 que permitía a los bancos comerciales del Estado establecer estos incentivos para sus funcionarios y establece una nueva normativa con reglas claras para el pago de incentivos en la banca pública", sostuvo el ministro Alfaro.
Las primeras acciones del Consejo de Gobierno para someter a revisión y evaluación el pago de incentivos en la banca estatal fue el 13 de febrero del presente año, cuando se ordenó conformar una comisión compuesta por representantes de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y del Banco Central, quienes debían rendir informe en un plazo de dos meses sobre el actual sistema de incentivos y su impacto, los aportes de esta comisión forman parte de los insumos para la elaboración de la directriz 026-H.
El 26 de enero pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe en el cual señaló que el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal otorgaron entre el 2006 y el 2012 un total de ¢99.832 millones en incentivos económicos a sus empleados sin que tuvieran un modelo de evaluación de desempeño alineado con los objetivos estratégicos de cada entidad.