La Dirección General de Tributación emprendió una lucha legal para tumbar la exoneración del pago del impuesto sobre la renta que se aplica a quienes retiran el total de los fondos de su pensión voluntaria, a los 57 años de edad.
Carlos Vargas, director de Tributación, confirmó a La Nación que entablaron una demanda ante el Juzgado Contencioso-Administrativo para revocar el fallo del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA), de febrero del 2013, que aceptó la exención impositiva para los planes voluntarios.
“Presentamos la gestión de lesividad a los intereses de la Administración Pública por la resolución del Tribunal Fiscal. La Procuraduría General de la República, como abogado del Estado, es la que lleva el caso ante el Juzgado”, enfatizó Vargas.
El TFA estableció que la única forma para evitar el pago de renta es que la persona, una vez cumplidos los 57 años, retire la totalidad de su ahorro adicional. Cuando los fondos se sacan mensualmente, sí están sujetos al pago de renta.
En los últimos cuatro años, más de 14.000 personas retiraron en su totalidad el ahorro complementario para su jubilación, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Hasta junio anterior , había 140.000 afiliados a una pensión voluntaria; solo 37.000 contratos recibían aportes regulares de dinero.
Interpretación. El director de Tributación explicó que la Ley del Impuesto sobre la Renta no hace excepciones especiales en cuanto a las pensiones, independientemente del régimen. “Debido al fallo del Tribunal Fiscal, tuvimos que suspender el cobro”, aseguró Vargas.
Sin embargo, la entidad emitió una directriz, en abril del 2013, en la que obliga a las operadoras de pensiones complementarias a reportar, cada mes, a las personas que hicieron retiros totales y parciales de fondos de pensiones voluntarias.
Édgar Robles, superintendente de Pensiones, enfatizó que el trato impositivo a los planes adicionales desincentivan dicho instrumento ideado para complementar los recursos de jubilación obligatoria.
“Los temas tributarios son, sin duda, importantes en la decisión de uso de una pensión voluntaria. Estos planes son impulsados cuando existe un incentivo fiscal definitivo”, aseguró Robles.
No obstante, Tributación insiste en que exonerar las pensiones del régimen voluntario restaría progresividad al impuesto sobre la renta.
Para Vargas, la exención podría considerarse en una reforma legal; pero debería compensarse con otra fuente de ingreso.
José Manuel Arias, gerente de BAC Pensiones, enfatizó que la batalla legal en torno a los planes voluntarios resta seguridad jurídica a un instrumento ideado para apoyar el retiro de las personas.