Economía

Cuatro de cada 10 exenciones otorgan incentivos indefinidos

Actualizado el 27 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

Leyes dejan puerta abierta para que se filtren beneficiarios y no establecen límites

Vacíos aquejan a 12 de 15 beneficios aprobados en primer año de este gobierno

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Cuatro de cada 10 exenciones otorgan incentivos indefinidos

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Unas 219 exoneraciones benefician a organizaciones de bien social, de ellas el 46% responde a un tributo en específico. El resto puede ampararse a la ley y no pagar tributos (foto con fines ilustrativos). | ARCHIVO

Cerca de cuatro de cada 10 exoneraciones fiscales que la Asamblea Legislativa aprobó desde 1953, son como un cheque en blanco para sus beneficiarios, quienes las pueden usar para sortear toda la cadena de tributos, aunque la exención haya sido creada con un fin específico.

Además, muchas de estas leyes dejan grietas por donde se filtran personas u organizaciones ajenas al grupo de interés.

El 45% de estos 1.272 beneficios tiene atribuciones tan amplias o ambiguas que propician tales prácticas, las que, además de perjudicar las finanzas públicas, son ilegales: el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley N.° 4755) dicta que toda exoneración debe especificar su alcance.

Estas advertencias se consignan en el Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación , una alerta que emite por tercer año consecutivo.

“Si no se especifica cuál impuesto se exonera, ahí van todos los impuestos que existen en Costa Rica. Es una puerta abierta”, dijo la investigadora del estudio, Pamela Jiménez.

Para añadir a estas fallas, también existe falta de controles sobre las exoneraciones otorgadas.

De las 164 exenciones creadas para el sector público, por ejemplo, solo un 25% especifica mecanismos de control para saber si cumplen con los requerimientos para ser beneficiarios o no.

La situación se reproduce para el 27% de las organizaciones sociales y para el 31% de los organismos internacionales.

Por el contrario, sí existen controles para un 80% de los incentivos creados para las empresas privadas.

infografia

Desorden. El perjuicio de esta situación va en dos vías.

Primero, el Estado deja de percibir impuestos (no se ha cuantificado el monto) sin que ello responda a una política país.

Segundo, la ambigüedad de estas normas no permite entender con claridad cuántas exoneraciones existen en el país.

En teoría, el propósito de estos incentivos es crear estímulos a la producción o al bien social, o desestimular una conducta. Pero, con la desorganización actual, resulta imposible comprobar si están cumpliendo con su meta.

“Es un desorden milenario”, alega el abogado tributario Alan Saborío, de la firma Deloitte.

 

El problema lo reconoce el Ministerio de Hacienda en su proyecto de ley para regular las exoneraciones, como parte de la reforma fiscal.

“Cada vez que se aprueban nuevos regímenes de exención, se abren peligrosos portillos para que otras organizaciones se basen en los argumentos y soliciten las mismas concesiones”, indica la entidad.

Sin embargo, ni eso ni el creciente déficit fiscal parecen frenar las exoneraciones abusivas.

¿Favores o falta de técnica? También, la Procuraduría General de la República y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea alertan del problema.

No obstante, en el primer año de la presente administración, los diputados aprobaron 15 exoneraciones, de las cuales 12 no indicaron cuál tributo estaba contemplado o eximieron a la entidad o sujeto de todos ellos.

No es un problema exclusivo del Congreso actual.

Durante la legislatura del 2006 al 2010, por ejemplo, se autorizaron más exenciones indefinidas que con tributo específico.

“La técnica parlamentaria ha ido depurándose para ser más específicos”, dijo el diputado de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Otto Guevara.

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