Presta a tasa más baja, plazo fijo por cinco años y financia hasta 90% de casa

Por: Óscar Rodríguez 20 noviembre, 2014
Al 31 de diciembre anterior, el IVM tenía colocados, entre empleados de la Caja, ¢19.000 millones en créditos. La proporción de los recursos prestados a estos funcionarios subió en los últimos siete años. En la imagen, un funcionario en el Hospital México (foto con fines ilustrativos) . | ARCHIVO
Al 31 de diciembre anterior, el IVM tenía colocados, entre empleados de la Caja, ¢19.000 millones en créditos. La proporción de los recursos prestados a estos funcionarios subió en los últimos siete años. En la imagen, un funcionario en el Hospital México (foto con fines ilustrativos) . | ARCHIVO

Los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acaparan un porcentaje cada vez mayor de la cartera de crédito para vivienda financiada con los recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la propia institución.

De los ¢55.425 millones que tenía prestados la entidad al 31 de diciembre anterior, el 35% se encontraba en operaciones a sus propios empleados.

En el 2007 dicha participación era del 23%; es decir, experimentó un aumento de 12 puntos porcentuales en un lapso de siete años, según los estados financieros auditados del IVM.

En contraste, las operaciones a trabajadores fuera de la CCSS pasaron del 75% del total de los préstamos, en el 2007, al 62% el año pasado.

El dinero prestado sale de los aportes para la pensión de 1,2 millones de trabajadores, patronos y el Estado.

Gustavo Picado, gerente financiero y de Pensiones a. í. de la Caja, negó a La Nación que existan privilegios en el otorgamiento de préstamos a los trabajadores de la entidad, pues los requisitos son los mismos para todas las personas.

“La participación (de los empleados de la CCSS) tiene que ver más con acceso a la información y con la posibilidad de tramitar, en la misma institución, un crédito hipotecario”, reconoció Picado.

Según dijo, la competencia de la banca comercial dificultó, en los últimos años, la concesión de préstamos con empleados externos a la Caja.

Édgar Robles, superintendente de Pensiones, cuestionó que los funcionarios de la institución se beneficien con este programa de crédito pues cuentan con información más directa del sistema.

Añadió que, por principio, la Caja no debería dedicarse a dar préstamos, pues tiene poca posibilidad de competir con la banca comercial.

Cualquier cotizante del IVM con un aporte continuo en los últimos 12 meses, puede optar por un préstamo con la entidad hasta por un máximo del 90% de la obra. La tasa, fija en los primeros cinco años, es menor que en otras entidades.

En setiembre anterior había un total de 6.100 préstamos hipotecarios otorgados.

Potenciar préstamos. El gerente financiero de la CCSS reconoció que el plan es potenciar, en los próximos cinco años, un aumento de los créditos hipotecarios hasta alcanzar el 10% del total de recursos invertidos por el sistema de pensiones.

La legislación permite a la entidad autónoma que la cartera crediticia sea de hasta el 25% de las reservas totales. Sin embargo, al cierre del año anterior, los recursos de los préstamos ascendieron al 3,17% de los ¢1,6 billones del régimen de jubilación.

Picado justificó el plan de expansión de la cartera de créditos porque su rendimiento es el más alto dentro de portafolio de inversiones de la Caja.

Al 31 de diciembre del 2013, los préstamos generaron una rentabilidad nominal de 12,13%, mientras que los títulos valores ofrecieron un retorno de 8,8%.

Asimismo, la institución logró sanear, en los últimos cinco años, la morosidad a más de 90 días de este portafolio de créditos, pues la bajó a 1,81% al cierre del año anterior, desde 3,25% a inicios del 2009.

Para estimular el crecimiento de la cartera, la institución varió las condiciones de los créditos, pues incluyó la opción de una tasa de interés del 10% fija en los primeros cinco años. Como referencia, la banca estatal tiene una tasa promedio para vivienda del 13%, según el Banco Central.

Además, el monto máximo para un crédito subió a ¢110 millones por operación (estaba en ¢100 millones), y se descentralizará el trámite de solicitud para llegar a más clientes pues hoy solo es posible hacerlo en San José

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