El Poder Judicial usará las reservas de su fondo de pensiones para pagar a los jubilados a partir de mediados del 2019.
Esta será la primera vez que se tomen las ganancias por las inversiones del régimen para sufragar las jubilaciones de los beneficiarios del sistema administrado por la Corte.
Los problemas financieros se revelan en el Informe de Flujo de Ingresos y Egresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, contratado por la institución.
El estudio, elaborado por el actuario Raúl Hernández, fue conocido por la Corte Plena a finales del año pasado, según se revela en el acta 36-2016 , del 5 de diciembre anterior.
El documento advierte que si el fondo continúa con la tendencia actual de crecimiento del gasto, el aporte mensual de los trabajadores y pensionados será insuficiente para sostener los egresos.
“En el análisis realizado se muestra que a mediados del 2019 se deben tomar en cuenta los rendimientos (intereses de la reserva) para el pago de los derechos en curso, esto de continuar con las tendencias actuales”, destacó el estudio.
El déficit financiero del sistema se prevé inicie en agosto del 2019. En este momento, el fondo tendrá ingresos de contribuciones por ¢7.017 millones, pero un gasto en pensiones de ¢7.239 millones, con lo cual habría un faltante de ¢222 millones.
Las ganancias obtenidas por las inversiones con dinero de la reserva son relevantes porque se usan para incrementar el dinero destinado para pagar beneficios futuros.
Una de las dificultades del régimen es que, desde el 2010, la Sala IV eliminó el tope a las pensiones. Esta situación genera beneficios altos para los jubilados con este sistema.
De hecho hay un grupo de menos de 700 personas que reciben la mitad del gasto anual , es decir ¢27.000 millones.
El sistema de pensiones del Poder Judicial cerró el 2016 con una reserva de ¢426.639 millones. En dicho fondo cotizan 13.000 trabajadores así como los 3.673 jubilados.
Salida. La Corte apuesta por que los diputados avalen pronto los cambios legales del régimen.
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En el Congreso hay tres proyectos de ley en discusión. Uno presentado por la Corte Plena, otro por los trabajadores y el tercero por legisladores.
Los tres reincorporan el tope a las pensiones; pero el plan de los magistrados propone que no podrá superar el 75% del salario más alto de la institución.
“El Poder Judicial confía en que prontamente la Asamblea Legislativa apruebe la reforma de ley que mejore el esquema de aportes y beneficios de forma tal que esta condición de déficit financiero que se proyecta, en principio para el 2019, no se llegue a concretar”, aseguró Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.
Romero señaló que se contrató un nuevo informe de flujos futuros, en diciembre anterior, que incorpora el aumento en la contribución patronal y del Estado acordada el año pasado.
El patrono aporta 14,36% el Estado 1,24% y los trabajadores y pensionados el 11% del salario mensual al régimen.
La funcionaria judicial adelantó que el informe actuarial definitivo contratado a la Universidad de Costa Rica (UCR) se entregará a finales de junio.
El estudio de la UCR cifró el déficit actuarial del régimen de pensiones en ¢5,3 billones y que las reformas legales propuestas no lo hacen sostenible.