Ente contralor determinó que beneficios a funcionarios ascendieron a más de ¢740 millones entre agosto del 2011 a enero de este año

Por: Óscar Rodríguez 16 junio, 2015
El INS tiene a 2.300 personas en convención colectiva. Empleados de la aseguradora atendían ayer a clientes en la oficina central. | DIANA MÉNDEZ
El INS tiene a 2.300 personas en convención colectiva. Empleados de la aseguradora atendían ayer a clientes en la oficina central. | DIANA MÉNDEZ

La creación de un incentivo salarial para los empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS), por la venta de seguros nuevos, eleva el costo de la empresa estatal un 20% por cada prima colocada, este costo no se suma si la póliza la vende un intermediario acreditado.

Es decir que comercializar el mismo seguro en un intermediario acreditado por el INS sale más barato, según lo determinó una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al Instituto del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y dada a conocer este martes.

El ente contralor halló que el incentivo, pagado a todos los funcionarios excepto el presidente ejecutivo, le ocasionaron al INS costos adicionales equivalentes a ₡742,2 millones.

"El incentivo se reconoce de forma indiscriminada entre todo el personal de las sedes, independientemente del puesto que se ocupe y la labor que se desempeñe o su aporte en la consecución del resultado esperado (generar nuevos clientes)", argumentó la Contraloría.

El beneficio cuestionado se denomina 'componente salarial variable' y es una compensación calculada sobre el 80% de la comisión de distribución establecida para cada uno de los productos que se vendan en las sedes del INS. Dicho privilegio se paga a final de cada mes al trabajador.

Este plus salarial se creó, en abril del 2011, sin contar con un estudio técnico para respaldarlo, se estableció con base en 'la deliberación con las jefaturas técnicas del área de seguros y la Subgerencia Técnica Comercial', aceptó la compañía pública en una carta enviada la CGR.

El entre contrarlor dio un plazo de 10 días a la Junta Directiva del INS para establecer parámetros claros y un tope máximo. Además deberá acreditar, en el pago del beneficio de junio, la aplicación de las nuevas reglas.

Por otra parte, la Contraloría cuestionó la creación sin sustento legal de la reserva de capital del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), la cual no muestra incrementos desde el año 2009, ya que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) improbó el cobro de los recursos que la sustentaban.

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