El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) se excedió en la utilización de recursos del Sistema de Ahorro y Crédito (SAP) para pagar gastos administrativos entre el 2010 y el 2012.
Según la Contraloría General de la República, la entidad realizó un uso incongruente con respecto a la ley por ¢6.000 millones durante esos años. Además alertó del riesgo para el sistema de continuar dicha práctica.
Por esa razón, el ente contralor ordenó al INVU eliminar, a más tardar el 31 de enero de este año, la práctica de financiar gastos de operación con recursos del SAP.
El dinero pagado de más se obtuvo de los intereses generados por las inversiones de los recursos de los ahorrantes a este sistema.
La reglamentación del SAP prevé un límite máximo de 4% anual del monto total del contrato de ahorro para el pago de costos administrativos. Sin embargo, como estos recursos fueron insuficientes se utilizó dinero de los intereses, según la Contraloría.
El Sistema de Ahorro y Crédito se creó en 1954 y ofrece créditos para clase media de hasta ¢139 millones. Los clientes establecen un contrato de ahorro voluntario con el INVU y pueden escoger hasta nueve tipos de planes con diferente monto de dinero como meta.
Objeción. En una entrevista con La Nación , el miércoles pasado, los principales jerarcas del INVU informaron de que ya no usan recursos extra del SAP para costear los gastos administrativos adicionales como alquiler de edificio, servicios de contabilidad, planificación y otros similares.
A la vez, objetaron que la Contraloría cuestione ahora estos costos administrativos, si desde hace casi 20 años los avala.
El INVU Central tiene la práctica de venderle servicios directos e indirectos al SAP, cada año, para su operación.
“Estos famosos costos siempre han estado presentes en el presupuesto y la Contraloría ha estado enterada. No están en la oscuridad”, explicó Ofelia Blanco, directora del SAP.
La Contraloría respondió por escrito a La Nación , que ha indicado en reiteradas ocasiones al INVU que los recursos del SAP deben ser aplicados en función de lo dispuesto en la ley como compra de terreno para construcción.
Álvaro González, presidente ejecutivo, detalló que los recursos para sufragar los gastos de operación serán financiados con los excedentes que cada año genera el sistema de crédito dirigido a familias de clase media. “Se tomará una parte de los recursos de otras líneas de crédito del INVU, distintas al SAP y el ahorro tras el cambio del sistema de comercialización”.
Añadió que, durante el primer trimestre del año, se licitará la comercialización de los contratos de ahorro y crédito a sociedades mercantiles. Esto le permitirá rescindir los contratos con los 27 agentes de venta, para una reducción en costos de ¢1.400 millones anuales.
Pese a las medidas, el INVU presentó un recurso de revocatoria al informe de la Contraloría, que aún está en análisis.