El colapso financiero del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) iniciará tres años antes de lo estimado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según el estudio “Valuación actuarial de largo plazo del Seguro de Pensiones”, con corte al 31 de diciembre del 2012, los ingresos del sistema serán insuficientes para cubrir los gastos en el 2037. Dos informes previos –en 2010 y en 2011– estimaban que ese momento crítico llegaría en el 2040.
La principal razón para que la entidad modificara sus proyecciones es el aumento de nuevos pensionados, según la evolución de la última década.
En el caso de las reservas del IVM, estas quedarían en cero en el 2042, en vez del 2043 como mostraban los estudios previos.
“A partir del año 2037, de cumplirse las hipótesis actuariales, se requeriría hacer uso de las reservas de pensiones, misma que se acabarían hacia el año 2042”, argumenta el informe.
El nuevo análisis, del cual tiene copia La Nación , fue aprobado el pasado 16 de enero por la Junta Directiva de la Caja.
Luis Guillermo López, director de la División Actuarial de la Caja, comentó que en el nuevo estudio, como en los anteriores, el régimen está en equilibrio por tres décadas.
Alegó que el IVM es un sistema dinámico y que los cálculos pueden variar por factores como un cambio del número de trabajadores, salarios y evolución de jubilados.
El IVM es un sistema de pensión contributiva en el cual cotizan los trabajadores asalariados e independientes, así como los patronos. El régimen tiene 211.248 pensionados y 1,4 millones de cotizantes.
Polémica. Para el nuevo informe, la Dirección Actuarial decidió hacer un estudio más reducido. Este no incluye, a diferencia de los estudios anteriores, la totalidad de datos estadísticos futuros –en términos absolutos– de ingresos, gastos, cotizantes y la reserva. En vez de esto, se muestran solo porcentajes.
Como resultado, la valuación actuarial quedó en 33 páginas, en vez de las 162 del análisis previo.
La razón del cambio fue porque la entidad argumentó que se daban críticas e interpretaciones incorrectas de las cifras.
Sin embargo, Édgar Robles, superintendente de Pensiones (Supen), cuestionó la decisión de la CCSS. Calificó de bondadosos los resultados y dijo que no concuerdan con la realidad.
“El informe muestra un esfuerzo desesperado por ocultar información. No se puede evaluar la calidad de los resultados porque los supuestos en que se basan esas estimaciones no aparecen”, resaltó.
La Caja y la Supen llevan años enfrentados por la sostenibilidad del IVM. La segunda estima que el régimen colapsará en 2027.
Para el economista Pablo Sauma, quien fue miembro de la Junta de Notables de la Caja, el estudio no toma en cuenta los costos extra de los últimos años, como alzas salariales de los empleados públicos por encima de inflación y el impacto de las pensiones anticipadas.
Al respecto, el director de la División Actuarial de la CCSS, Luis Guillermo López, negó que el informe perdiera transparencia por la omisión de las cifras.
“El hecho de que esta valuación sea más corta o resumida no le quita relevancia al objetivo, el cual es determinar tendencias”, alegó López.
Un estudio actuarial independiente, que según el gerente de Pensiones de la Caja, José Luis Quesada, está por adjudicarse, ayudará a clarificar el panorama.