Las reformas de fondo al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tardarán dos años más en aprobarse, así lo anunciaron este martes María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la institución; y Jaime Barrantes, gerente de Pensiones.
La entidad autonóma prevé contratar, antes de finalizar el año, un nuevo estudio actuarial independiente que analice el IVM y los resultados estarían en mayo del 2016.
La Caja apuesta a que sea la Universidad de Costa Rica la encargada de realizar el estudio actuarial; pero aún deben negociar con la institución académica.
Con un nuevo informe, la CCSS iniciará el proceso de negociación con patronos, trabajadores y el Estado para realizar ajustes en la edad de jubilación, elevar el aporte al fondo y revisar los beneficios.
Tanto la CCSS y la Superintendencia de Pensiones (Supén) confirmaron ayer que no tomarán en cuenta el informe hecho por el actuario Eduardo Melinsky para reformar el IVM.
El análisis de Melinsky concluyó que el régimen de pensiones agotará su reserva a partir del 2023.
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"Se detectaron errores graves en el estudio que no permiten tomar como referencia el estudio de Melinsky para proponer cambios dolorosos al bolsillo de los costarricenses", enfatizó Álvaro Ramos, jerarca de Supén.
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica. Actualmente tiene más de 224.000 pensionados, 1,4 millones de cotizantes y una reserva de ¢1,9 billones.
Modificaciones. Barrantes confirmó que el objetivo es aprobar, este mismo mes de setiembre, cambios en el IVM que permitan elevar los ingresos del IVM y sin mediar negociación con los sectores sociales.
Las modificaciones debe avalarlas la Junta Directiva de la CCSS y se fundamentan en los propios estudios actuariales de la institución autónoa. Dichos informes han sido cuestionados por Supén.
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Entre las medidas están eliminar el retiro anticipado de 65 años a 62 años porque ha incrementado el gasto del régimen, dijo el Gerente de Pensiones.
Asimismo incrementar la base mínima contributiva al IVM para que sea igual al salario mínimo de ley. El salario mínimo para cotizar al sistema es de ¢150.000; pero el sueldo mínimo es de ¢250.000.
Otras opciones de modificaciones son que el Estado aporte ¢50.000 millones adicionales al IVM para complementar las pensiones de los jubilados y acelerar el ajuste del aporte al régimen.
Actualmente la cotización es de un 8,5%; pero sube cada cinco años en 0,5 puntos porcentuales y llegará al 10,5% en el 2035 tal como se acordó en la reforma del régimen acordada en el 2005.
"La opción es que el ajuste, en vez de se cada cinco años, sea cada tres", dijo Barrantes.
Tales modificaciones permitirían elevar los ingresos anuales del IVM en ¢130.000 millones estimó el funcionario.
Las inversiones del fondo de pensiones fuera de Costa Rica y en obra públicas son otros de los posibles cambios.