La propuesta de la Auditoría Interna de la Caja para llevar más dinero al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) plantea quitarle al Banco Popular la administración que hace, temporalmente, del ahorro obligatorio de los trabajadores. Esta es una vía de fondeo de la entidad bancaria.
En el oficio 67.994, del 11 de noviembre del 2016, el auditor José Arturo Hernández pide revisar la ley que permite a la entidad bancaria recibir al mes el 1% de los salarios de 2,4 millones de trabajadores.
Durante el año pasado, dicho monto ascendió a ¢93.557 millones, confirmó Maurilio Aguilar, director de Riesgo del Banco Popular.
Durante el 2015 fueron ¢88.159 millones y un año previo llegó a ¢81.799 millones, según la entidad bancaria.
Desconocimiento. El funcionario dijo que desconocen la propuesta que se analiza en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como una opción para fortalecer el régimen IVM.
“Ese ahorro (obligatorio) se convierte en un elemento esencial de la naturaleza jurídica del Banco”, dijo Aguilar.
El Popular administra, por un plazo promedio de 18 meses, los recursos que luego son trasladados –incluidos los intereses generados– al ahorro individual de cada trabajador en el régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP).
“En el caso que el Banco no disponga de esos recursos, deberá sustituirlos con captaciones en el mercado, que al ser a un costo mayor, implicaría ajustar las tasas de interés”, aseguró Aguilar.
Además, dijo que bajaría el aporte al ROP, pues se dejarían de percibir los rendimientos generados por la administración que hace el Popular.