Economía

Mitad de la planilla estatal se escapa del Servicio Civil

Actualizado el 12 de octubre de 2015 a las 12:00 am

Contraloría afirma que disparidad en salarios del sector es por falta de rectoría

Constitucionalidad del sistema actual de empleo público despierta dudas

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Mitad de la planilla estatal se escapa del Servicio Civil

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De los 305.000 trabajadores que tiene el Estado costarricense, la mayoría, el 52%, está fuera del Régimen del Servicio Civil, según un informe sobre empleo público del Ministerio de Planificación, presentado el 22 de setiembre.

La falta de rectoría ha contribuido a crear disparidad en los salarios y beneficios que reciben los servidores de los ministerios respecto a los empleados de otros poderes y entidades autónomas.

Esa baja cobertura también se observa por instituciones, donde el 86% están fuera de este sistema de empleo, creado en 1953 para regular la relación entre el Estado y sus trabajadores.

La reducida cobertura ocurre a pesar de que la Constitución Política establece, en su artículo 191, que un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.

Los beneficios otorgados por el régimen del Servicio Civil a 146.000 empleados, generalmente son menores a los de las entidades que tienen otros sistemas, como apunta el estudio Costa Rica: empleo y política salarial del sector público de la Academia de Centroamérica.

Marcha de trabajadores del sector público realizada en febrero del 2014.  Para el sector público laboran unos 305.000 servidores. | ALONSO TENORIO
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Marcha de trabajadores del sector público realizada en febrero del 2014. Para el sector público laboran unos 305.000 servidores. | ALONSO TENORIO

Los 159.000 trabajadores que están fuera del régimen se dividen en nueve sistemas, con sus propias reglas laborales y sus propios incentivos, lo cual explica la fuerte disparidad salarial que existe hoy día en el sector público.

Esta disparidad quedó documentada en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), publicado el 29 de enero del 2010. El documento reveló diferencias salariales que oscilan entre 225% y 614% entre funcionarios públicos cuyas funciones y requisitos exigidos para esos puestos son los mismos.

El origen de los múltiples sistemas de empleo público data de 1953, cuando se creó la Dirección General del Servicio Civil. Esta entidad solo cobijó a los trabajadores del Poder Ejecutivo y no del Estado, dejando así por fuera a los otros poderes e instituciones autónomas.

Para José Joaquín Arguedas, exdirector del Servicio Civil, este es el origen del caos actual en el empleo público. Según explicó, el estatuto ordenó la emisión de una ley de salarios, la cual originalmente pretendía abarcar a todo el Estado.

No obstante, cuando esta legislación estuvo para aprobarse (en 1957), la regulación la habían reducido solo al Poder Ejecutivo.

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¿Por qué es importante? La CGR ha llamado la atención, desde el 2007, sobre la necesidad de tener una rectoría que incluya a todos los trabajadores estatales.

“Es indispensable que exista un ente rector en el sector público para dirigir una política de empleo público integral y uniforme y que además, entre otras cosas, se encargue de establecer lineamientos y principios claros que den coherencia a todos los componentes del sistema, así como límites a la discrecionalidad en la gestión de las remuneraciones del sector público”, manifestó la contralora general de la República, Marta Acosta.

Pese a los intentos, los gobiernos no han podido cumplir con el llamado de la Contraloría.

¿Es constitucional? La duda que surge es si es constitucional o no el actual Régimen del Servicio Civil por no incluir a todos los trabajadores estatales.

“Si bien no corresponde a Mideplan (Ministerio de Planificación) pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una norma, lo cierto es que hay una distancia en el alcance que proponen los dos textos jurídicos mencionados, lo cual ha dado como resultado una enorme fragmentación en los regímenes de empleo público y por ende, en los esquemas de remuneración”, opinó la jerarca de esta cartera, Olga Marta Sánchez.

El director general del Servicio Civil, Hernán Alberto Rojas, consideró que lo que podría ser inconstitucional son los regímenes ajenos al Servicio Civil.

“Por el contrario, habría que plantearse si toda la normativa que regula la materia de empleo público en el sistema institucional costarricense, con excepción de la del Estatuto del Servicio Civil (Ley N°. 1581), es o no inconstitucional, al encontrarse fuera de lo señalado por el artículo 191 (de la Constitución Política”, comentó Rojas.

Para el abogado constitucionalista Fabián Volio todo depende de cómo la Sala Constitucional entienda la definición de Estado. El jurista cree que Estado es la persona jurídica central y por lo tanto la administración pública central, pero también se puede entender como toda la organización política y tendría que incluir a los entes descentralizados.

De acuerdo con este especialista el caso podría tratarse de una inconstitucionalidad por omisión.

“Eso podría ser lo que se llama inconstitucionalidad por omisión, cuando usted no estira suficiente la cobija. Como la norma es restringida, debió haberse extendido, entonces la omisión es inconstitucional porque es un trato discriminatorio”, detalló Volio. No obstante, solo la Sala IV podría aclarar tal duda.

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Patricia Leitón

pleiton@nacion.com

Periodista de Economía

Redactora en la sección de Economía. Economista y periodista graduada por la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio “Redactor del año” de La Nación (2001) y Premio Academia de Centroamérica del Periodismo Profesional en el Área Económica" (2004).

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