Aplicar el límite a las jubilaciones altas con cargo al Presupuesto Nacional, significaría un ahorro anual hasta de ¢12.000 millones.
Así se desprende de un informe, de junio pasado, hecho por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, por solicitud del viceministro de la institución Alfredo Hasbum.
El documento, del cual tiene copia La Nación , detalla que a julio de este año el tope de pensión se podría imponer a 952 personas. El impacto mensual de ejecutar la medida sería de ¢1.000 millones.
La Ley N.° 7.858, del 21 diciembre de 1998, estableció un tope del equivalente a 10 veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública. Pero dicha norma nunca se ha aplicado a las pensiones en curso de pago.
Para este año, el techo se estableció en ¢2,3 millones, según el cálculo de la DNP. Este se determinó por la multiplicación del salario base de un misceláneo en el Gobierno que es de ¢233.350.
“Si usted compara el tope con el presupuesto de más de ¢700.000 millones, para este año, de los regímenes especiales, el ahorro no sería ni del 2%. Pero el tope hay que aplicarlo porque la ley lo indica”, afirmó Elizabeth Molina, directora de la DNP.
La legislación excluyó de dicho límite a exdiputados con revaluación anual del 30% de la pensión, expresidentes y retirados de los regímenes no contributivos.
También unos 17.000 jubilados del régimen del Magisterio Nacional que postergaron su retiro. Esto es cuando la persona, cumplido los requisitos para pensionarse, trabaja unos años más. Molina resaltó que el problema central no es la aplicación del tope, sino las condiciones favorables de pensión de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
Por ejemplo, en el régimen de Hacienda y Poder Legislativo hay 4.000 retirados a quienes el monto de la jubilación se les actualiza como si aún estuvieran trabajando, afirmó la directora de la DNP.