Economía

Destinos específicos crean embrollo legal al Gobierno

Actualizado el 20 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Destinos específicos crean embrollo legal al Gobierno

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Los destinos específicos, leyes que obligan al Gobierno a dar recursos a algunas entidades o sectores, son otro de los rubros del gasto que genera dificultades a las finanzas públicas.

Su monto ha llegado a ser tan alto que ahora se enfrentan a una contradicción legal.

Por un lado, los artículos 176 y 179 de la Constitución Política determinan la forma para alcanzar finanzas públicas equilibradas y sanas; por el otro, el Gobierno debe atender todas las obligaciones establecidas por mandato legal o constitucional que en muchos casos no tienen financiamiento.

Según una estimación que realizó el investigador Miguel Gutiérrez se requiere tener un presupuesto 1,6 veces más grande para poder atender todos estos pagos, pues hay algunos que nunca se han entregado.

A este lío se suman las decisiones de la Sala IV.

En el informe técnico del presupuesto del 2014 la Contraloría General de la República señala: “ A lo largo de las últimas dos décadas la Sala Constitucional ha adoptado diferentes posturas, según los distintos casos, que en algunas ocasiones la han llevado a concluir que no es inconstitucional que se deje de incluir en el presupuesto la totalidad de algún destino u obligación preestablecida, y en otras la han conducido a resolver en la dirección contraria”.

“Dado que estamos ante un claro choque entre lo que dispone la Sala Constitucional y la posibilidad real de cumplimiento por el Estado, órganos con personería instrumental y entes públicos en general, por los montos y tiempo impuestos, es que debiera la Sala Constitucional conocer la realidad económica-financiera de tales entes y órganos, para que la sentencia condenatoria sea ejecutable y no sea ineficaz, con su adaptación a la realidad y con ajuste al ordenamiento jurídico”, comentó el abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, Manrique Jiménez.

¿Qué hacer? Para el coordinador a.i. del Estado de la Nación, Jorge Vargas, el problema es cómo dar sustento económico al Estado constitucional que se ha creado y no cómo recortarlo.

Para abogados constitucionalistas y administrativistas el camino es modificar las normas.

“Sencillamente a mí me parece que habrá que ajustar el ordenamiento jurídico, hay una máxima jurídica que nadie está obligado a lo imposible, no podemos seguir aumentando el déficit fiscal para dotar de recursos a esos órganos y entes públicos a costa del mismo colectivo social porque eso implica aumentar la inflación”, opinó el abogado administrativista, Rolando Segura.

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Para el abogado constitucionalista Fabián Volio la solución es un proyecto de ley que derogue todas las leyes con destino específico (que asignan porcentajes de tributos) y en su lugar se de a cada entidad beneficiaria un monto anual fijo, que se ajuste cada año con la inflación.

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Patricia Leitón

pleiton@nacion.com

Periodista de Economía

Redactora en la sección de Economía. Economista y periodista graduada por la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio “Redactor del año” de La Nación (2001) y Premio Academia de Centroamérica del Periodismo Profesional en el Área Económica" (2004).

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