Un estudio de la Defensoría de los Habitantes, determinó que el Ministerio de Hacienda enfrenta una serie de debilidades que han provocado que, desde que entró en vigencia en el 2008 el impuesto a las casas de lujo, solo se ha recaudado una cuarta parte de lo estimado por la institución, a pesar de que cada año el monto aumenta.
Según dicho estudio, las proyecciones anuales de Tributación superan los ¢10.000 millones, sin embargo, lo recaudado no alcanza ni los ¢4.000 millones anuales.
Mediante un comunicado, la Defensoría manifestó que consideran que Hacienda puede mejorar la recaudación del impuesto a casas de lujo si implementa políticas que permitan un cobro efectivo y eficiente de este tributo, creado para financiar nuevas soluciones de vivienda para los habitantes en pobreza y pobreza extrema.
El analísis de la Defensoría, halló como motivos de estas deficiencias, que existe "inseguridad e incerteza de la recaudación, porque ésta depende de una declaración jurada que hace el contribuyente", quien es además el que estima el valor de su casa. Esto, según el ente, deja un portillo abierto para que las estimaciones y declaraciones sean inferiores al valor real del inmueble.
Además, critican que el mecanismo que usa el contribuyente para declarar y pagar, genera inseguridad en la recaudación pues se deja como opcional el uso del sistema electrónico.
Otro de los aspectos señalados, corresponde a la evasión del monto de las multas que se dio a por medio de una reforma a la ley original. Inicialmente se establecía que a quienes omitieran la declaración se les impondría una multa de 10 veces el monto del impuesto que no pagó. Actualmente la sanción es de un 50% de un salario base.
Asimismo, el plan piloto anunciado el año pasado, en el que las municipalidades realizarían inspecciones de campo para detectar las propiedades que hayan declarado el impuesto y se califiquen como casas de lujo, solo se ha implementado en el cantón de Belén.
Tras estas y otras consideraciones, la Defensoría indicó que Hacienda debería tener un sistema para indentificar zonas geográficas en las que se localizan
las casas de lujo, utilizando información de entidades como el Instituto Nacional de Estadística y censos, Mideplan, y el Estado de la Nación.
Además consideran que Hacienda debe establecer el monto de los inmuebles que los usuarios no hayan declarado.