El Poder Judicial reclama al Ministerio de Hacienda la devolución de ¢238 millones por la retención del impuesto sobre la renta a inversiones hechas con recursos del fondo de pensiones de la institución.
La Corte argumenta que el cobro realizado por Hacienda es indebido, pues violenta la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“El artículo 241 establece que las operaciones que se ejecuten con recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones están exentas de todo tipo de impuesto”, explicó Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.
La Nación consultó a Hacienda el fundamento que llevó a la retención de renta a parte de las ganancias de las inversiones del régimen, pero no hubo respuesta al cierre de edición.
El choque entre la Corte y Hacienda sobre el cobro del impuesto sobre la renta tiene más de una década.
Las retenciones de recursos fueron en el 2003, 2004 y 2005 por un monto de ¢194 millones.
Romero manifestó que recientemente se dieron nuevos casos por ¢25 millones y $34.400 (¢19 millones al tipo de cambio de ayer).
La Corte hizo el reclamo administrativo para la devolución del dinero en el 2006 y el 2010.
Sin embargo, la Tesorería Nacional y la Dirección de Grandes Contribuyentes de Tributación declararon improcedente el reclamo del Poder Judicial. La primera oficina lo archivó en el 2010 y la segunda en el 2013.
Ante la negativa de Hacienda, la Corte solicitó a la Procuraduría General de la República, en octubre del 2014, iniciar acciones judiciales.
La Procuraduría rechazó, en enero del 2015, la solicitud pues tendría que asumir la presentación de la demanda por parte de la Corte y la defensa de Hacienda.
Ante las acciones infructuosas, el Consejo Superior acordó explorar la posibilidad de que la Procuraduría designe un procurador ad hoc para que presente el eventual litigio o contratar un abogado externo especialista en derecho tributario.
Asimismo solicitaron a la Zarela Villanueva, presidenta de la Corte, que lleve a cabo conversaciones con Helio Fallas, jerarca de Hacienda, para solucionar las diferencias, trámite que aún está en proceso, aseguró Romero.