El cálculo con el que se estima el aporte de las utilidades de las empresas públicas, al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pasará del 5% al 7% a final del 2015.
El gobierno de Laura Chinchilla definió, mediante un decreto ejecutivo en el 2012, que las empresas públicas darían un 5% de sus ganancias en el 2013 y 2014; un 7% después del 2015 y un 15% al llegar el 2017.
Alberto Acuña, director Financiero Administrativo de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), explicó que, por ahora, solo se ha cobrado a las compañías los recursos del cierre económico del 2013.
La Caja estimó, para dicho año, recibir ¢9.000 millones con base en los estados financieros auditados de las empresas. Sin embargo, solo le ha transferido el 31%. El resto del dinero la institución aún lo reclama a las empresas públicas.
Las compañías que transfirieron dinero al fondo de pensiones fueron Correos de Costa Rica y los bancos Nacional, de Costa Rica y Bancrédito.
La banca estatal, según la CCSS, aún debe recursos.
Mientras tanto, se negaron a trasladar dinero a la CCSS el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Por último, no hicieron el aporte del 2013 –por reportar pérdidas– el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Editorial Costa Rica.
Estas compañías públicas están obligadas a transferir parte de sus ganancias anuales a la CCSS, según lo estableció la Ley de Protección al Trabajador , promulgada en el 2000.