EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) cuestiona la declaración de impuestos dada por un total de 93 empresas catalogadas como grandes contribuyentes, pues afirma que sector tuvo una actividad económica relevante durante los años del estudio.
Así lo afirma el Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la Contraloría que emitió un informe sobre la gestión de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.
El estudio contempla la recaudación de los impuestos sobre las utilidades y ventas, en los periodos fiscales del 2010 al 2014.
En términos de recaudación tributaria, el grupo de 'Grandes Contribuyentes' aportó en promedio el 70% del total de ingresos tributarios internos del Gobierno Central en el periodo de estudio.
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En promedio, 93 grandes contribuyentes (22% del total) declararon cero impuesto de utilidades (no pagaron impuesto en su oportunidad), a pesar de que mostraron una capacidad económica importante, ya que declararon en conjunto montos de ingresos brutos por ¢3,0 billones y de activos totales por ¢6,7 billones en promedio por año.
Dificultad en cobro. La Contraloría advierte que pese a ese comportamiento de las empresas un porcentaje importante de actuaciones de fiscalización programadas no se ejecutó (35% en promedio en el impuesto a las utilidades y el 15% en ventas en el periodo 2010-2014).
Una situación que está afectando la eventual recuperación o recaudación, es la acción de inconstitucionalidad interpuesta desde agosto de 2014, contra el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y que se encuentra pendiente de resolución, lo que ha detenido el dictado de actos finales en los procedimientos de fiscalización de la DGT, para el eventual cobro de los impuestos respectivos.
Al cierre de 2014, se habían determinado impuestos por cobrar por ¢37.895 millones (incluyendo intereses y sanciones), y estos montos han venido aumentando de manera importante con el transcurso del tiempo.
El tiempo de resolución de los casos de controversias tributarias en el Tribunal Fiscal Administrativo continúa siendo muy amplio (17 meses en promedio, según estudio de CGR de 2014), lo que junto a debilidades en el cobro judicial, incide también en la eventual recuperación oportuna de impuestos determinados por sumas muy importantes.
La Dirección de Grandes Contribuyentes carece de un sistema de información automatizado e integrado para la planificación y control del proceso de fiscalización, y requiere mejorar el desarrollo de las funciones de determinación de riesgo fiscal e inteligencia tributaria, y la idoneidad profesional y capacitación del recurso humano.
En su informe la Contraloría dispone al Director General de Tributación y al Ministro de Hacienda que se solventen las situaciones señaladas.
