El servicio de estiba en los muelles de Limón no se interrumpirá, pese a que la Sala IV ordenó suspender el proceso de licitación que se seguía al acoger un recurso de amparo interpuesto por el abogado Alvaro Ramos.
La acción fue presentada el 11 de setiembre, y en ella el jurista alega que el cartel licitatorio presenta una serie de omisiones que lo hacen legalmente inválido.
Se quiso conocer la versión de Ramos, mas no fue posible. Este había declarado a La República que su intención al interponer el recurso no obedece a ningún interés personal, a pesar de estar casado con una de las socias de Carga y Descarga (Cadesa).
"Como ciudadano pretendo que los carteles de licitación sean puros y transparentes, sin que medie la decisión de un Gobierno de quitar a unas empresas para poner a otras", puntualizó.
Asimismo, el ministro de Trabajo, Farid Ayales, al referirse al pronunciamiento de la Sala Constitucional, dijo que, por tratarse de un servicio público, el Poder Ejecutivo está autorizado a recurrir al otorgamiento de licencias de explotación, por lo cual las que se habían concedido a siete compañías --entre las que se incluyen Cadesa, Estiba, Coopeutba y Coopeunitrap-- siguen vigentes hasta diciembre. "El servico se está dando y se seguirá dando. En diciembre decidiremos si los ampliamos o cambiamos", agregó Ayales.
Tanto para el Ministro como para Enrique Segovia, de Acosol (una de las nuevas firmas que intentan ganar mercado en la carga y descarga en los muelles del Caribe), el recurso es solo un mecanismo para retrasar el rompimiento del oligopolio que ha imperado en esa actividad, en Limón, durante años.
"Me parece que quieren mantener la situación", recalcó Ayales.
"Se equivocan si creen que, obligándonos a hacer un cartel nuevo, van a impedir que hagamos nuevas adjudicaciones para lograr dar un servicio mejor y más barato (...) No se trata de que Cadesa y Estiba se van a quedar siempre con el negocio. Con la licitación incluso podrían quedar por fuera", expresó el Ministro.
Ayer se intentó conocer la opinión de los sindicatos, pero no fue posible contactar a sus dirigentes pues se hallaban en una reunión.
A los tribunales
Mientras tanto, el conflicto entre las empresas Cadesa y Estiba y muelleros, por el despido de los trabajadores --luego que optaron por formar sus propias compañías para participar en la actividad de carga y descarga--, se mantiene en punto muerto.
La parte patronal sostiene que los exempleados incurrieron en competencia desleal, por lo que no procede reconocerles esos derechos.
"No hay causa legal para pagarles y no se les pagará porque abandonaron su trabajo. No han sido despedidos; abandonaron su trabajo para, de forma desleal, formar sus propias empresas y competir con quien fue su patrón por años... Tendrán que pelear en los tribunales", dijo Oscar Bejarano, asesor legal de Estiba.
Ayales manifestó que, luego de intentar sin éxito un acercamiento entre las partes, la única opción es someter el diferendo a consideración de los tribunales.