Economía

Sector privado teme violación a la privacidad de accionistas

Actualizado el 17 de febrero de 2015 a las 12:00 am

Ya se ha filtrado información en el pasado y temen por seguridad de dueños

Tributación garantiza el resguardo de los datos

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En el Registro Nacional, Javier Delgado Villalobos, funcionario de esa dependencia, junto a Jonathan Jara Castro, abogado, quien llegó a desinscribir tres sociedades. | ARCHIVO/DIANA MÉNDEZ

Toda la información sobre quiénes son los dueños de las empresas y todos los bienes que tienen estos, así como las demás personas en sociedades, estará en un registro en la Dirección General de Tributación.

Esto lo establece un decreto en consulta, publicado el 10 de febrero pasado, en el diario oficial La Gaceta . El periodo para opinar termina el 24 de febrero.

Los empresarios temen por la confidencialidad de estos datos, pues en el pasado ya se ha filtrado información y no ha habido sanciones.

Así lo han hecho saber los empresarios, en las observaciones al decreto.

“El Ministerio de Hacienda podría no estar en capacidad de garantizar que la información sobre propiedad de las acciones no sea vulnerada y utilizada por terceros para fines extorsivos, de competencia desleal o de intimidación de personas y familias”, manifestó la Cámara de Industrias, mediante una carta enviada el 30 de enero del 2015, al director general de Tributación, Carlos Vargas.

Una preocupación similar expresó Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en otra misiva remitida el mismo día.

Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, también citó esa inquietud y especificó que se la hará llegar a Hacienda.

Vargas dice que analizan los argumentos y que harían todo lo posible por resguardar la confidencialidad de la información.

Otras dudas. El principal objetivo del decreto es verificar el cumplimiento del impuesto de traspaso.

No obstante, empresarios y otros abogados consideran que el decreto es excesivo y cuestionan, además, que un cambio de tal magnitud,se haga por esta vía.

El jurista Adrián Torrealba, coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, la cual analiza el tema y presentará sus observaciones, explicó que existe una evidente ruptura entre el motivo invocado en el considerando del decreto y el alcance de las obligaciones de información establecidas.

El objetivo, aclaró, es verificar el pago del impuesto de traspaso; sin embargo, se pide información a todas las sociedades, tengan o no bienes que puedan traspasar.

“La conformación de un registro de accionistas es una obligación que debería ser impuesta por una ley de la República y no vía reglamento o decreto ejecutivo”, añadió el presidente de la Cámara de Comercio .

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Patricia Leitón

pleiton@nacion.com

Periodista de Economía

Redactora en la sección de Economía. Economista y periodista graduada por la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio “Redactor del año” de La Nación (2001) y Premio Academia de Centroamérica del Periodismo Profesional en el Área Económica" (2004).

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