Panamá. AP. El consorcio liderado por la española Sacyr informó ayer jueves que acordó con la Autoridad del Canal dar un espacio de diálogo hasta el 1.° de febrero, a fin de encontrar una salida al conflicto que afecta el proyecto de ampliación.
Grupo Unidos por el Canal dijo en un comunicado que mediante este paso las partes buscarán una posible solución en torno a una propuesta de cofinanciamiento para inyectarle liquidez al megaproyecto, con participación de la aseguradora de la obra, Zurich American.
El consorcio había decidido días antes prorrogar hasta el 31 de enero la opción de paralizar las obras a fin de dar un poco más de tiempo para llegar a un arreglo a sus reclamos por sobrecostos de $1.600 millones.
“Las partes acordaron continuar el diálogo, en principio, hasta el 1.° de febrero del 2014 con el fin de encontrar una solución a largo plazo al cofinanciamiento y, así, conseguir la finalización de la obra” , indicó la agrupación de empresas, que también incluye a la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.
Tras una reunión de las partes con Zurich el martes pasado, el administrador del Canal, Jorge Quijano, destacó el hecho de que la aseguradora se haya involucrado más activamente en los esfuerzos por encontrar una solución.
Dijo que la afianzadora formuló algunas alternativas, una de ellas “buena para seguir las discusiones” , aunque se reservó los detalles. Para el lunes se tiene previsto un nuevo encuentro, añadió.
La oficina de comunicaciones de la Autoridad del Canal informó que no tenía comentarios de momento, aunque reiteró que el diálogo estaba abierto.
De acuerdo con coincidentes informes de la prensa local, Zurich habría formulado una propuesta que en términos generales supondría una inyección de $850 millones al proyecto, con aportes de todas las partes. Pero esas mismas versiones señalan que el consorcio estaría insistiendo en montos muchos más altos o en el reconocimiento de los sobrecostos para culminar los trabajos.
De momento la única propuesta de la Autoridad del Canal conocida consiste en una inyección conjunta de $283 millones. La entidad canalera insiste en que el consorcio ventile sus reclamos por las instancias que establece el contrato y que no va a acceder a una solución que implique salirse del monto original.