En medio de la alharaca por la reciente manía de fusiones para aprovechar las transacciones que permiten evadir impuestos, llamadas inversiones derivadas, algunos actores importantes han guardado un estruendoso silencio: los fondos públicos de pensiones.
Algunos de los fondos públicos de pensiones más grandes del país –que manejan billones de dólares a nombre de policías, bomberos, profesores y otros empleados gubernamentales– tienen una importante participación en empresas estadounidenses que están tratando de renunciar a su ciudadanía para reducir el pago de impuestos.
Si bien los políticos han criticado este tipo de acuerdos –el presidente Barack Obama los ha considerado “incorrectos” y está buscando la forma de poner fin a esa práctica– los fondos públicos de pensiones no están aprovechando su influencia como accionistas de peso para animar a las empresas a que se queden donde están.
En los últimos seis meses, algunas de las compañías más grandes de Estados Unidos han anunciado sus planes para establecerse en el extranjero.
El Sistema de Retiro de Empleados Públicos de California (Calper), el fondo público de pensiones más grande del país y que generalmente es de los que más pronunciamientos hacen, ha guardado silencio.
Los fondos públicos de pensiones quizá sean tan débiles en el tema de las inversiones derivadas, pues ellos mismos están en conflicto. Por un lado, los fondos dicen que se preocupan por el largo plazo y las implicaciones para su estado. La política “principios de inversión” de Calper afirma que el sistema de pensiones debe “considerar el impacto de sus acciones en las generaciones futuras de miembros y contribuyentes”. Empero, la mayoría de los fondos de pensión tienen pocos recursos y, francamente, están desesperados por exhibir ganancias. Las fusiones para efectos de reducción de impuestos pueden apuntalar el precio de las acciones de los adquirientes y ayudar netamente a que los fondos de pensión mejoren su desempeño, al menos en el corto plazo.
Algunos gerentes de estos fondos aseguran que su trabajo consiste, estrictamente, en generar dinero para los pensionados y que no deben tomarse en consideración otras cuestiones. Ash Williams, director ejecutivo y presidente de inversiones de la Junta de Administración del Estado de Florida, que maneja más de $150.000 millones, me lo explicó de esta forma: “Si usted estuviera en mi lugar, pensaría al respecto no solo como inversionista, sino como fiduciario, lo que básicamente descarta muchas de las consideraciones que existirían de otro modo.” Y agregó: “Hay que pensar en que somos los guardianes de los intereses económicos de nuestros beneficiarios. Ese es nuestro deber y ese es el principio, el medio y el final de todo esto”.
Cuando le insistí si sentía la necesidad de considerar el impacto de esos acuerdos en la base fiscal nacional, que a fin de cuentas también afectaría a los pensionados, respondió: “Creo que tendría que decir lo que es mejor para la compañía, lo que por lo tanto maximiza el valor de la relación de propiedad que tengo que con la compañía”. Y agregó: “Quiero decir, instintivamente, como estadounidense, quisiera que los negocios se quedaran aquí”.
El enfoque de Williams parece ser la norma entre la mayoría de los inversionistas. Empero, Mark Cuban, inversionista y propietario de los Mavericks de Dallas, publicó en Twitter una opinión que más bien esperaríamos de un fondo público de pensiones, no de un apóstol del libre mercado.
“Si yo tengo acciones en una compañía que se va a ir al extranjero por razones fiscales, voy a vender esas acciones”, advirtió Cuban en Twitter en julio. “Cuando las empresas se van al extranjero para ahorrar impuestos, ustedes y yo compensamos esa pérdida de impuestos en otra parte”, aseguró, exhortando a los inversionistas a “vender esas acciones para que no se vayan”.
El mes pasado, Shirley K. Turner, senadora estatal demócrata por Nueva Jersey, presentó un novedoso proyecto de ley a fin de hacer menos atractivos los acuerdos de inversión derivada. Ella propuso que la junta estatal de pensiones prohibiera invertir en empresas que participaran en acuerdos de inversión derivada. Precisó que el estado de Nueva Jersey “ocupa el sexto lugar entre los fondos públicos de pensiones que invierten en el inversionista corporativo AbbVie, con más de 1,5 millones de acciones ordinarias de la compañía, valoradas en $81.900 millones”.
No está claro cómo funcionaría esa ley. Por ejemplo, ¿el Estado estaría obligado de inmediato a vender sus intereses en una compañía que participara en una inversión derivada?
No todos los funcionarios que supervisan los fondos de pensión están centrados solo en el renglón de ganancias inmediatas.