San José (Redacción). La Defensoría de los Habitantes presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV contra el permiso brindado por la Comisión Nacional de Biodiversidad , a una subsidiaria de la empresa Monsanto, para la siembra de maíz transgénico en el país.
Según la entidad, es necesaria la presentación de un estudio de impacto ambiental porque el uso organismos genéticamente modificados (OGM) puede tener efectos en las personas.
“Es clara la normativa nacional vigente que obliga al Estado a realizar estudios de impacto ambiental como instrumento nacional para determinar posibles impactos sobre el ecosistema y como requisito previo ante una decisión final de una autoridad competente”, sostuvo en un comunicado.
La Defensoría pidió a la Sala que se anulen varios decretos ejecutivos que eximieron la presentación de estudios en los casos de uso de OGM.