Contraloría critica poco avance en obras, pese a que se cuenta con dinero

Por: Óscar Rodríguez 13 marzo, 2013

El Estado costarricense tiene $7.200 millones en créditos externos para nuevas obras de infraestructura sin usar, pese a que la mayoría del dinero está listo para girarse en el momento que el Gobierno lo solicite, reconoció ayer el Ministerio de Hacienda.

Los fondos financian carreteras, modernización de aeropuertos, el alcantarillado sanitario metropolitano, programas educativos y planes de prevención de la violencia. Una parte de estas iniciativas las ejecutan instituciones públicas ($4.200 millones) y otras son a través de concesiones de obra pública y fideicomisos ($3.000 millones).

La Contraloría General de la República cuestionó el poco avance de los planes. De hecho, en los últimos tres años solo hubo tres variaciones: la adjudicación del proyecto Terminal de Contenedores, de Moín, y la decisión de que la iniciativa del tranvía metropolitano quedara a la espera de nuevos estudios.

Asimismo, el pasado lunes se anunció el aval para la ampliación de la carretera San José-San Ramón, tras la luz verde del mismo ente contralor. Las dos principales entidades internacionales que financian al país son los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Deficiente. La ejecución por el país de los recursos aprobados por organismos internacionales es de las más bajas de Latinoamérica, según Hacienda. “Claramente, hay un problema en la ejecución de los préstamos que se debe mejorar. El problema es que se dan proyectos de gran envergadura a instituciones que nunca han hecho un proyecto”, dijo Jordi Prat, nuevo viceministro de Inversión y Crédito Público.

En promedio, un proyecto tarda de tres a cinco años en realizarse. Sin embargo, en Costa Rica hay iniciativas que superan dicho periodo. El caso más antiguo es el alcantarillado sanitario josefino, que recibió el aval del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) en el 2007. “El atraso más grande fue en la adjudicación de la planta de aguas residuales, porque las empresas competidoras apelaban la adjudicación de la obra”, detalló Eduardo Lezama, subgerente de Acueductos y Alcantarillados.