Control del MEIC sobre constructoras de viviendas es ineficaz

Prueba de ello es el caso del desarrollador Homes Grupo Inmobiliario que, pese a haber pasado por el filtro del MEIC, ahora enfrenta una investigación de la Fiscalía Adjunta de Fraudes por aparentes irregularidades.

Dicha empresa ofrece casas de lujo en los condominios Real Garita, en La Garita de Alajuela; Real Bougainvillea, en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia; y Condado del Valle, en San Sebastián, San José.

Doce clientes denunciaron, el pasado viernes 17 de febrero, haber pagado a la empresa un adelanto de hasta $50.000 a cambio de un descuento del 20% en el precio de una casa que nunca les fue entregada.

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Uno de los proyectos involucrados en esta pesquisa (Real Garita) cuenta, desde el 2015, con el permiso que otorga el Ministerio para que los desarrolladores inmobiliarios puedan vender sus casas.

Cinthya Zapata, directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor del MEIC, admitió este martes que tal permiso no implica un "blindaje" ante posibles procesos de estafa.

Para obtener dicho aval, las empresas deben presentar un comprobante de ingresos o crédito, copias del contrato que se le entrega a los clientes, precios y formas de pago, entre otros documentos.

La autorización se concede por una única vez. El proceso de seguimiento del MEIC se limita a realizar dos verificaciones de mercado por año en proyectos elegidos en forma aleatoria.

Para Zapata, una solución para evitar fraudes sería la creación de un fideicomiso con el dinero que pagan los clientes a los desarrolladores, y que se retire hasta que se entregue la casa.

Esa medida requiere de reformas legales que, en este momento, no están en discusión.

Lento trámite

Cinthya Zapata sostuvo que, ante este tipo de casos, el consumidor cuenta con mecanismos de denuncia ante el MEIC y las instancias judiciales.

El Ministerio acumula desde, mayo del 2016, un total de siete denuncias por incumplimiento de contrato en contra de Homes Grupo Inmobiliario.

Sin embargo, nueve meses después de haber recibido la primera queja, el Ministerio todavía no ha emitido ninguna resolución en favor o en contra de los clientes, según admitió Zapata.

La funcionaria explicó que el trámite puede tardar hasta dos años, porque requiere de procesos de investigación y conciliatorios.

Confirmó que tampoco se ha podido suspender a la empresa o congelarle los permisos para vender hasta que se finalice el proceso de investigación.

Zapata señaló que, si se confirma alguna anomalía, podrían suspender el permiso de la empresa o multarla con montos que van desde los 10 a los 40 salarios base.

Ante el lento trámite que recibieron sus quejas en el MEIC, un grupo de presuntas víctimas decidieron acudir al Ministerio Público a denunciar a la desarrolladora.

Los quejosos alegan que la vivienda prometida nunca les fue entregada y que, pese a insistentes consultas, no obtuvieron información sobre el estado de los proyectos.

José Pablo Miranda, fiscal a cargo del caso, confirmó el pasado lunes la apertura de la investigación pues, según dijo, hay suficientes indicios para pensar que la empresa estafó a varios clientes.

Ese mismo día, la compañía negó, mediante correo electrónico enviado a La Nación, haber incurrido en actos fraudulentos y atribuyó el retraso de las obras a procesos de permisos municipales y administrativos.