Las operadoras de pensiones complementarias tienen más de ¢14.600 millones de “clientes fantasmas”, según el registro de la Superintendencia de Pensiones (Supén) al 30 de setiembre anterior.
Dicho dinero pertenece a personas que no han podido ser identificadas e ingresan en un registro denominado como “erróneos”. Actualmente, este fondo es equivalente al presupuesto del Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes, asignado para este año.
De la totalidad de los recursos, ¢12.000 millones son del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y son de más de 391.000 personas.
Los restantes ¢2.600 millones son del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de 214.000 individuos.
Los recursos de los “clientes fantasmas” comenzaron a acumularse a partir del 2001 cuando la Ley de Protección al Trabajador creó las pensiones complementarias.
Un error del patrono en el momento de escribir los datos del empleado en la planilla, ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), provoca que la persona y sus aportes mensuales sean clasificados como erróneos, al no poder identificarse el propietario de la cuenta.
Existe también un grupo de más de 500.000 trabajadores inactivos que dejaron de cotizar.
En el limbo. Los recursos de las personas sin identificar están bajo la tutela de Popular Pensiones que cobra una comisión de un 0,30% sobre saldo, según Supén. Desde noviembre del 2012, la operadora administra los recursos y lo hará por un periodo de dos años, prorrogables por otros dos.
El saldo acumulado de estos fondo muestra que, entre setiembre anterior y el mismo periodo del año pasado, hubo un incremento de casi un 20%.
“Los recursos se invierten y se administran hasta cuando se nos indique que la cuenta ha sido depurada para su posterior envío a la operadora en la cual está afiliada la persona”, dijo Marvín Rodríguez, gerente de Popular Pensiones.
De no ocurrir la identificación, el dinero continuará invertido y ganando rendimiento a la espera de su propietario.
Édgar Robles, superintendente de Pensiones, explicó que la legislación actual no estipula qué hacer con los recursos.
Para Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena, los recursos denominados “erróneos”, después de un tiempo determinado, deberían de pasar a reforzar el Régimen No Contributivo de la Caja.
Sin embargo, es necesaria una reforma legal para poder redirigir dichos recursos a otro fin.
Menos. Rónald Lacayo, director del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja, comentó que un mayor control y asesoramiento a los patronos hizo bajar los casos denominados ‘erróneos’.
En los últimos tres años, el saldo de cotizantes sin identificar bajó en caso 60.000 en el ROP y 30.000 en el FCL.
Sicere lleva el registro de los cotizantes del sistema de pensiones y hace el traslado de los recursos de los trabajadores a las operadoras complementarias.