Los importadores de arroz y los representantes de los consumidores chocaron ayer con los industriales y productores debido a una petición para elevar los aranceles de entrada al país, lo que frenaría las compras del grano sin cáscara.
La confrontación quedó en evidencia ayer durante una audiencia en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) realizada para escuchar a las partes.
La solicitud de la industria, con apoyo de los agricultores, para subir el impuesto desde el actual 35% hasta el 70%, fue presentada ante el MEIC, entidad encargada de hacer el análisis y emitir una resolución.
El Ministerio tiene tiempo hasta el 11 de diciembre para decidir si acepta o no la propuesta.
El incremento del arancel se hace mediante un mecanismo denominado cláusula de salvaguardia, permitido en la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero con la exigencia de demostrar que las importaciones masivas a precios bajos dañan la producción local.
Bloqueo. Un impuesto del nivel solicitado cerraría la posibilidad de traer al país grano pilado, advirtieron Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, y Bernal Jiménez, de la empresa Mercasa.
Pero, para Renzo Céspedes, asesor en comercio exterior de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), y Luis Martínez, presidente de la regional Huetar Norte de esa misma entidad, las importaciones de grano barato causan un daño grave, tanto a la industria local como a la producción.
Céspedes y Martínez además afirmaron que los altos subsidios a la agricultura de países como Estados Unidos, causan una distorsión de precios en el mercado mundial.
Una decisión del MEIC para aumentar el arancel no afectaría ni el precio ni el abastecimiento del alimento: el primero está fijado por ley y el segundo se garantiza con una autorización a la industria para traer el grano, sin pagar impuesto, para responder a la demanda.
Ulate consideró que el punto central es que, si se eleva el monto, el negocio de importar seguirá en manos de unas pocas industrias locales. Si el arancel se mantiene en niveles actuales, aseguró, habrá otros importadores y el consumidor tendrá diversas presentaciones para escoger y de varios orígenes.
Odalys Vega, directora de Defensa Comercial del MEIC, explicó que las presentaciones de ayer fueron orales y que las partes tienen 15 días naturales para entregarlas por escrito a ese despacho.
La Dirección de Defensa Comercial realizará el análisis final de los argumentos y emitirá una resolución técnica y una recomendación al despacho del ministro Welmer Ramos, quien será el encargado de tomar la decisión final.