EscucharLa iniciativa del Gobierno de eliminar la mayoría de exoneraciones al impuesto de ventas y gravar con un 15% el consumo de bienes y servicios pesará más sobre las familias con hijos y mujeres solteras de clase media.
El Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación calculó que estas familias tendrían que sacar de su bolsillo, en promedio, un 10% adicional a lo que ya gastan mensualmente para pagar los nuevos tributos.
Eso, siempre y cuando la Asamblea Legislativa se apegue a la propuesta del Ejecutivo de devolver parte del tributo de ventas a los hogares más pobres del país. Si el Gobierno fracasara en la devolución o los diputados rechazaran el plan, los más afectados serían los hogares rurales y los más pobres del país.
Con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto (Enigh) del 2013, el informe perfiló a las familias más afectadas por los impuestos según los rubros en los que más gastan.
La investigación que sirvió de insumo para el informe se basa en aproximaciones a las propuestas tributarias del Gobierno, aunque no incluye todos sus rubros.
Nueva medición. El estudio plantea una nueva forma de medir el impacto de los impuestos que el Ejecutivo no ha tomado en cuenta en sus proyectos.
Para el Estado de la Nación, ese impacto no se refleja directamente en el ingreso, sino en el gasto y perfil de la gente.
“Omitir variables sociales y demográficas puede conducir a errores”, indicó el documento.
Por ejemplo, la devolución del gravamen beneficia a las familias rurales, que son las que más gastan en alimentación en comparación con otros grupos.
En cambio, le llega a un porcentaje mínimo de las familias con hijos de clase media o a las mujeres que viven solas.
Entre los hogares de personas jóvenes o mayores con hijos y las personas que viven solas (en su mayoría mujeres mayores de 40 años) suman el 61% del total de hogares del país.
Efectivamente, el reintegro del dinero le llegaría a quienes más lo necesitan, pero hay un impacto para las familias que mueven la economía.
“Esto no significa que deban eliminar el impuesto, sino que deben tomar en cuenta a quiénes están afectando”, aseguró la investigadora Pamela Jiménez.
¿Qué quiere Hacienda? Para Hacienda, el proyecto de ley del impuesto al valor agregado muestra el mejor de todos los escenarios evaluados.
“El Ministerio de Hacienda ha manejado una multiplicidad de escenarios hasta llegar al que se ajusta al texto presentado”, dijo la directora general del Ministerio de Hacienda, Priscilla Piedra.
Según el Ejecutivo, si devuelve los impuestos a la población con menores ingresos, el tributo será progresivo, es decir que significará un gasto mayor a las familias más adineradas y menor para las más pobres.
El proyecto quiere eliminar algunas exoneraciones a servicios y bienes (y no todas, como lo plantea el Estado de la Nación).
“En este caso solo se mantuvieron las exenciones que tendrían algún sentido desde el punto de vista social”, explicó la investigadora Piedra.
Además, con la nueva legislación, el 40% de los hogares menos afortunados del país en materia de ingresos resultaría beneficiado por la devolución del IVA.
Los escenarios planteados en el informe que se publicó el martes pasado, se basan en el borrador del proyecto, que planteaban alcanzar al 30% de la población.
En un escenario en que esa devolución se hiciera para los tres deciles más bajos (30%), el primero de ellos recibiría un reembolso de dinero superior al promedio de su gasto en impuestos.
Devolución en la mira. En un escenario sin devolución, el impuesto sería regresivo y aumentaría la pobreza: afectaría más a los más pobres que a quienes tienen más poder adquisitivo.
El decil (un décimo de la población) con menores ingresos tendría que sacar de su bolsillo un 20% adicional a lo que ya gasta. El impacto mayor, por perfil de gasto, recaería en los hombros de los hogares rurales.
Con estos resultados, el informe también da pie a otro debate: ¿cómo asegura el Estado que podrá devolverle ese dinero a los costarricenses más pobres?
Es el principal obstáculo que ven los diputados de oposición.
“ El problema no es que la idea esté mal sino que la idea sea realizable”, destacó Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional.
Con ella coincide Jiménez: “Esto se aplica en otros países como Uruguay, pero aquí la informalidad es tan grande que todo se complica un poco más”.
