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Actualizado el 30 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

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Carlos Camacho, contador. Archivo
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Carlos Camacho, contador. Archivo

Hoy los contribuyentes tienen, en su periodo ordinario, la obligación de cerrar sus contabilidades para, basados en ellas, determinar el punto de partida de la conciliación fiscal, que este año debe integrar nuevos elementos.

El primero es sobre la contabilidad, que en caso de que no cumpla con lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se corre el riesgo de sufrir una sanción del 150% de multa, de acuerdo con lo que establece el artículo 81 –reformado– del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Asimismo, los contribuyentes deben detenerse a revisar si sus gastos pagados en efectivo a un beneficiario en el periodo fiscal exceden el valor equivalente a tres salarios bases, caso en el que corresponde sumar al resultado contable dichos gastos como no deducibles, según la norma del Código que dio pie a la resolución 17-13, que limita la deducibilidad de los gastos no bancarizados.

De igual forma, y solo en los casos en que aumente la base imponible, deberá el contribuyente adicionar a su base imponible el resultado de sus operaciones con partes relacionadas, tanto locales como internacionales. Además, deberá añadir, por ajuste de conciliación fiscal, la cantidad que resulte del estudio de precios de transferencia que deben efectuar todos los contribuyentes. La determinación de la base imponible se hace ajustada a las Normas Internacionales de Información Financiera, vigentes a la fecha de cierre del día.

¿Qué pasa si no se valoran las transacciones a través de un estudio de precios de transferencia? El contribuyente se expone a que sea la Administración Tributaria la que le determine estas diferencias con sanciones que pueden variar del 50% al 150% de la diferencia de impuestos por esta determinada, mediante la aplicación del decreto 37.898-H, publicado el pasado 13 de setiembre.

Las compañías que tengan la condición de grandes contribuyentes, grandes empresas territoriales y las que gozan de los beneficios de la zona franca, son las únicas que se mantienen en suspenso, solamente en los términos y especificaciones de las declaraciones de precios de transferencia. No deben confundir, por tanto, los contribuyentes el deber de valorar sus operaciones conforme el principio de libre concurrencia y los deberes de declarar, ambos provenientes del mismo decreto, pero con absoluta autonomía.

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