El presente año debería ser recordado como el año de la fiscalidad internacional, en el tanto ha dejado huellas indelebles en el mapa de riesgo de gestión de los temas internacionales, para aquellas empresas con emprendimientos a nivel multipaís.
Como muestra de ello, en nuestra última columna, alertamos de los efectos que dos nuevas regulaciones sustantivas en Panamá podían tener en las relaciones de los contribuyentes costarricenses con ese país.
Esta semana debemos informar que siguen marcándose cambios de gran huella en dicho país, pues la primera semana de noviembre, Panamá se adhirió a las iniciativas de implementación de las acciones BEPS, que entraron a regir el pasado 1.° de enero y que en el primer semestre del 2017 -eso para los que se les paso el año volando es en menos de 40 días- se iniciará efectivamente a reportarse todas las transacciones entre grupos económicos de manera automática, bajo el estándar de transparencia y la puesta en marcha de las 15 acciones.
En particular, una acción de gran relevancia y que debería poner a todos los contribuyentes en estado de alerta de control es aquella referente a los reportes obligatorios de Country by Country Report , donde si el alineamiento de la atribución de utilidades en concordancia con la cadena de valor no coinciden, se iniciarán procesos derivados, nunca antes vistos, de auditorías simultáneas y recopilación de pruebas de sustancia funcional en cada país involucrado, al amparo de la Convención de Asistencia. Aquí puede iniciar el camino del llanto y rechinar de dientes.
Le recomendamos realizar un diagnóstico primario de riesgo y plantearse: ¿he tenido actividades en países-no sólo Panamá- en los que la opacidad me daba tranquilidad de tener rentas deslocalizadas y no sujetas a impuestos? Si su respuesta es afirmativa, está en riesgo importante.
Otra pregunta sería: ¿como resultado de dichas actividades, obtienen ejecutivos o socios de la empresa remuneraciones complementarias, evitando la seguridad social y eventualmente la tributación al salario? Está en riesgo grave.
Es tiempo de actuar es poco, valga decir que a la fecha ya son 87 las jurisdicciones que están de pleno en la convención de adhesión al programa de implementación de BEPS, dentro de estos cabe destacar a Costa Rica.