San José
La Sala Constitucional resolvió la consulta legislativa sobre el proyecto de “Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos” y determinó que el plan no contiene roces con la Constitución Política.
El plan fue enviado a consulta de constitucionalidad por diez diputados, varios de ellos opuestos a su aprobación.
Entre los argumentos planteados en la consulta figura que el plan viola la Carta Magna al permitir que el Poder Ejecutivo aumente los tributos sobre las remesas al exterior hasta en 25 puntos porcentuales, lo cual, según los legisladores consultantes, solo puede ocurrir previa aprobación legislativa.
Sin embargo, los altos jueces no aceptaron los argumentos, con excepción de la magistrada Nancy Hernández, quien salvó su voto y determinó que los artículos 59 bis y 80 bis rozan con la Constitución.
Ambos numerales disponen que medidas como obligar a los inversionistas a presentar una declaración jurada sobre su domicilio fiscal, podrán ser utilizadas de forma inmediata y “tantas veces como sea necesario, a partir de la terminación de su plazo de vigencia”.
El resto de magistrados decidieron respaldar los contenidos del proyecto.
La diputada Patricia Pérez, independiente que impulsó la consulta legislativa, indicó que aún no se referirá a la decisión de la Sala Constitucional.
El plan fue impulsado por el Poder Ejecutivo a raíz del ingreso de capitales externos que causaron desequilibrios macroeconómicos a finales del 2012.
Si bien la situación fue coyuntural, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda consideran que el país debe contar con los instrumentos que crea el proyecto en caso de que ocurran hechos similares en el futuro.
Además del aumento del 8% actual a un 33% en la tasa sobre las remesas al exterior, el proyecto dispone que los inversionistas que arriban al país deben realizar un depósito de un 25% del capital que vaya a invertirse en títulos valores inscritos en el Registro de Valores e Intermediarios.
Esas medidas se ejecutarán en el momento en que la Junta Directiva del BCCR decida, por mayoría de sus miembros, que el país esté en riesgo de un desequilibrio macroeconómico por el ingreso de inversiones especulativas o “golondrina”.