La Junta Directiva del banco estatal Bancrédito acordó este martes 4 de julio el despido de 500 de sus trabajadores.
En un primer proceso serán cesados 300 empleados antes de finalizar julio, por un costo de ¢3.500 millones.
A partir de agosto, la institución financiera realizará una segunda salida de personal, en la cual serán liquidados 200 funcionarios.
El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) dejará solo entre 120 y 130 empleados para la nueva estructura de banco de fomento y desarrollo que pretenden crear el Gobierno, confirmó Ronald Rojas, presidente de la Junta Directiva de la institución.
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La Directiva también aprobó, este martes, el cierre definitivo, a partir del 14 de julio, de las sucursales de Pérez Zeledón, Alajuela, Heredia, Turrialba, Tres Ríos y la del Instituto Tecnológico de Cartago.
Rojas confirmó que negocian la venta de las agencias de Tierra Blanca y Pacayas con un banco público, que también contratará a quienes laboran ahí.
Los despidos de trabajadores se fundamentan en la decisión del Gobierno de Costa Rica, del 25 de mayo anterior, de cerrar la operación de banca comercial de la institución pública.
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"Estamos siguiendo los lineamientos de Casa Presidencial. No captamos y no colocamos. Las oficinas que cerramos era prácticamente lo que hacían", confirmó Rojas.
Cada uno de los trabajadores despedidos recibirá el auxilio de cesantía por el total de años laborados en Bancrédito, acordó la Directiva.
La decisión se fundamentó con base en el artículo 37 del Estatuto de Servicio Civil, que permite reconocer todos los años laborados cuando se suprimen empleos.
Dicho acuerdo coincide con la solicitud de un grupo de empleados que se manifestaron este martes frente a las oficinas centrales del Banco, en Cartago.
Pago de obligaciones.
Por otra parte, el presidente del Banco confirmó que ya consiguieron vender parte de la cartera de crédito con bancos públicos, sin detallar cuáles.
La institución vendió ¢55.000 millones de los préstamos otorgados en moneda nacional y $46 millones de las operaciones en dólares, entre la semana pasada y esta.
Es muy probable –afirmó Rojas– que al finalizar esta semana consigan colocar otro bloque de créditos con Davivienda y Coopenae.
"El dinero recibido se utilizó para pagar a los acreedores del Banco. Aquellas personas que tenían dinero en cuentas de ahorro y corrientes", afirmó Rojas.
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Además, se liquidaron los certificados de depósito a plazo que se vencieron.
Los préstamos vendidos son aquellos que están al día y los que tenían menos de 60 días de atraso en el pago.
Bancrédito aún analiza qué hacer con las operaciones con más de 90 días de impago y las que están en cobro judicial, las cuales ascienden a ¢13.000 millones, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Bajo vigilancia.
El presidente de Bancrédito reconoció que aún pueden ser intervenidos por la Superintendencia, por lo cual el proceso de salida de la intermediación financiera debe hacerse con cuidado.
"Estamos coordinando con la Sugef porque si entramos en irregularidad tres, si se nos cae la suficiencia patrimonial, o por impago (con acreedores), nos tendrían que intervenir", reconoció Rojas.
Javier Cascante, superintendente General de Entidades Financieras, confirmó la tarde de este martes que la supervisión de la entidad bancaria será hasta cuando le paguen al último acreedor.
"Debemos garantizar que se honren todas las obligaciones y todo el pasivo que tiene el banco. El proceso debe ser transparente y ordenado, para evitar cualquier cosa que afecte la estabilidad del sistema financiero", afirmó Cascante.
Bancrédito estableció el próximo 14 de julio como límite para que sus clientes retiren el dinero de las cuentas corrientes y de ahorro.