Denuncia penal argumenta que planta está sobrevalorada, pero Banco lo niega

Por: Óscar Rodríguez 10 junio

La Auditoría Interna del Banco de Costa Rica (BCR) indagará el proceso de otorgamiento del crédito por $32,7 millones dado a Coopelesca, en el 2014, para comprar una planta hidroeléctrica a Holcim Costa Rica.

La Junta Directiva de la entidad solicitó la investigación, el pasado martes 6 de junio, luego de que se conociera una denuncia penal por un posible tráfico de influencia del directivo Alberto Raven Odio, la exdirectora Marta Arrea Brenes, el exgerente Mario Rivera Turcios y el subgerente Guillermo Quesada Oviedo.

La petición para iniciar esta pesquisa fue planteada a los directivos por Raven Odio dicho martes, un día antes de ser entrevistado por La Nación sobre el caso. Él era director del BCR, fiscal de Holcim y socio del bufete que se encargó del contrato de compraventa del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas, por parte de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca).

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que el 29 de mayo anterior ingresó la denuncia e iniciaron la investigación.

El Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarcas fue adquirido por Coopelesca, en 2014, por un monto de $35,3 millones. El BCR e Infocoop financiaron la operación de la cooperativa.
El Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarcas fue adquirido por Coopelesca, en 2014, por un monto de $35,3 millones. El BCR e Infocoop financiaron la operación de la cooperativa.
Primera indagatoria.

Mario Barrenechea, gerente general del BCR, dijo que hicieron una primera revisión del préstamo y no encontraron ninguna anomalía.

Uno de los principales cuestionamientos de la denuncia penal, es que la planta presuntamente se adquirió a un precio sobrevalorado. Coopelesca pagó, en total, $35,3 millones.

"No tenemos ningún dato ni evidencia que nos haga pensar que el avalúo está mal. Lo que hasta hoy opinamos es que (el avalúo) está entre los rangos aceptables", aseguró Barrenechea.

Además, descartó que el Banco asumiera un riesgo alto con el crédito a Coopelesca dado que hay un litigio pendiente con Tico Fruit por el uso del caudal hidráulico, y la concesión para la explotación vence en el 2018.

Por su parte, Raven Odio calificó de mentira que la planta adquirida por la cooperativa cueste $2 millones como se argumenta en la denuncia.

"En la venta se toma en cuenta la maquinaria, los inmuebles y los flujos (de ventas futuras). Hoy hacer una planta cuesta $3 millones por cada mega, entonces no se compró tan caro", aseguró el directivo a La Nación, el miércoles anterior.

El proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas tiene una capacidad de producción de 14 Megavatios (MW).

Defensa.

El gerente general del BCR descartó que Raven Odio haya incurrido en un conflicto de interés y tráfico de influencias.

"No tenemos evidencia o dato de que don Alberto haya solicitado el estado de crédito, ni sospecha de eso (...) Para que haya tráfico de influencia se necesita más que la suposición, se necesita algún dato adicional que haga pensar, sospechar que hubo tráfico de influencia. Tiene que existir un correo de ese director", aseguró Barrenechea.

Por otra parte, Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), explicó que la nueva normativa sobre Gobierno Corporativo, que entró a regir el 7 de junio anterior, regula ahora los conflictos de interés en las juntas directivas.

"Es deber de los miembros del Órgano de Dirección (Directiva) revelar cualquier asunto que pueda resultar o haya dado como resultado un conflicto de interés", recalcó Cascante.

La Junta Directiva de cada entidad financiera debe determinar la forma de gestionar los conflictos que puedan darse y la forma de revelarlo por parte de cada director.

Cuando se aprobó el crédito a Coopelesca regían otras reglas que no dictaban con mayor claridad la obligatoriedad de los directores de informar ante posibles conflictos de interés.