Jorge Chavarría, fiscal general de la República, confirmó la acusación contra 10 personas que estuvieron involucradas en un aval, en el 2010, dado por el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) a una empresa relacionada con el entonces presidente de la entidad, Thelvin Cabezas Garita.
El jerarca confirmó que entre los imputados están el exgerente general, Guillermo Quesada Oviedo, Cabezas Garita; y el resto de la Junta Directiva.
– ¿Qué proceso se lleva contra Guillermo Quesada Oviedo, exgerente de Bancrédito?
– La investigación que se realizaba concluyó y se emitió la acusación, solo que no se ha presentado al Tribunal Penal de Hacienda porque debía darse traslado (de los hechos) a la víctima, en este caso Bancrédito.
"El Banco ya dijo que sí se presentará como querellante y tiene un plazo de 10 días hábiles para que presente la querella. Una vez finalizado el trámite, se pasa el caso al Tribunal para que fije la audiencia preliminar.
– ¿Cuál es el eventual delito que se cometió?
– Es un delito contra la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en específico el artículo 57 denominado Influencia contra la Hacienda Pública.
– ¿Cuántos imputados son y qué hicieron?
–Son 10 imputados en total. Es la Junta Directiva, más dos funcionarios que autorizan créditos y
el señor (Guillermo) Quesada Oviedo, que era el gerente.
"El hecho que se investigó tiene que ver con una licitación pública en la que participan dos empresas, como consorcio, que son Alfa Maik Delta S. A. y Tecnología de Fibra Óptica S. A. Estas dos empresas obtuvieron la licitación de la Jasec para fibra óptica y transmisión de datos.
"En la primera empresa, Alfa Maik, hay hermanos del presidente de la Junta Directiva, Thelvin Cabezas Garita. Obviamente había intereses en conflicto. Quesada Oviedo interviene para que se otorgue un aval a las dos empresas por parte de Bancrédito por más de $800.000.
"Hubo incumplimiento de pago y, como estaba el Banco avalando, tuvo que hacerle frente a esa deuda por más de $800.000. Este hecho ocurrió en el 2010".
– ¿A qué pena se exponen los acusados si se comprueba el delito?
– La ley establece una pena de cárcel de dos a ocho años al intervenir en razón de su cargo e influir en un resultado determinado lesivo a los intereses de la Hacienda Pública.
"Como no se toman las previsiones para el aval, el Banco queda en riesgo y tuvo que incurrir en el pago".