EscucharLos llamaron al auditorio del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), en oficinas centrales, y les informaron de que ya se había roto la relación contractual con ellos.
Sentados estaban decenas de notarios que dieron servicio al Banco durante años y, en algunos casos, décadas, con contratos indefinidos en la práctica, a pesar de normas legales que en los últimos años ordenaban poner topes.
Era julio del 2008, pero cinco años después estarían celebrando una sentencia que podría depararles $22 millones como indemnización por el fin de una relación privilegiada que los hizo parecer una “élite”, según expresó uno de los tres jueces del Tribunal Procesal Contencioso-Administrativo.
El juicio terminó con la condena al Banco Nacional el pasado mes de setiembre, aunque ahora será tarea del Tribunal de Casación.
De confirmarse la sentencia, saldrían favorecidos 66 profesionales que llegaron hasta el fin del reclamo legal, aunque muchos de ellos siguen prestando servicios como notarios a ese mismo banco. La institución asegura haber pagado un total de ¢4.400 millones (equivalente al 38% de la indemnización establecida) desde el 2009 por servicios contratados a estos abogados.
Estos son los profesionales que firman las escrituras en las operaciones crediticias y ganan por comisión sobre cada escritura, adjudicada según un rol.
Alerta. El Nacional tiene las alarmas en alto. Teme tener que pagar esos ¢11.500 millones (los $22 millones), el equivalente a la tercera parte de las ganancias proyectadas para este año, aunque es poco probable que el Tribunal de Casación confirme o anule la sentencia antes de que acabe el 2013.
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En julio del 2008, en el auditorio de las oficinas centrales del Banco Nacional, en San José, un grupo de notarios externos de la institución recibió la notificación del rompimiento de la relación contractual. | MARIANDREA GARCÍA (Mariandrea García)
El dinero se repartiría de manera desigual entre los 66 notarios de las distintas agencias bancarias del Nacional, según los ingresos que cada uno recibió en los últimos años antes de esa reunión en el auditorio de la institución.
“Fuimos cesados de manera arbitraria”, insiste Virgilio Calvo, uno de los notarios presentes en esa reunión, quien asumió el caso legalmente en nombre del grupo y que lo dejó cuando volvió a firmar contrato como notario del Banco Nacional.
La entidad sí tenía la potestad de destituirlos, según el Tribunal, pero debe indemnizarlos por “la afectación que se les estaba causando al dar por terminado la relación jurídica existente” y ponerlos a participar en los procesos licitatorios.
“En su gran mayoría son personas mayores, algunos adultos mayores, que intempestivamente y con base en un simple comunicado se quedan sin su principal fuente de ingreso, por lo que lo justo es darles la indemnización debida”, según la sentencia.
Algunos de esos notarios son el exvicecanciller Carlos Rivera Bianchini, el diputado Bernal Aragón, Carlos Abellán (expresidente del propio Banco Nacional), la exmagistrada electoral Zetty Bou y el exministro de la Presidencia, Rolando Laclé.
Laclé, sin embargo, participó en el inicio de la demanda contra la institución y luego desistió. Ya no quiere ser indemnizado. “Después pensé que mejor no pelear con el Banco al que tantos años he dado servicio”, declaró Laclé, quien tiene más de 40 años de servir como notario externo del Nacional.
Cambios. Su contrato y el de otros notarios se regían con la Ley de la Administración Financiera de la República, de 1951, y con un reglamento de 1979, pero en 1995 entró a regir la Ley de Contratación Administrativa y todo cambió. O debió haber cambiado.
“Hubo una inercia injustificada”, según el juez Ricardo Madrigal al razonar su voto por aparte. “No podía seguir manteniendo la situación fáctica en las mismas condiciones como si el imperativo legal no fuera otro, donde se mantuvo una lista de notarios beneficiados, esencialmente cerrada y sin generarse nuevos concursos”.
En el Banco argumentan que los cambios obedecen a órdenes de la Contraloría General de la República (CGR), tras una denuncia de un notario de apellidos Alfaro Morera, quien falleció este 30 de setiembre.
La CGR “exigió que la contratación de estos servicios profesionales se realizara a través de licitaciones”, manifestó Fernando Naranjo, actual presidente del Nacional.
Aunque la CGR rechaza haber dado esa orden, las autoridades del Banco aluden a un oficio de esa institución sobre el Banco Popular, el cual consideran de acatamiento obligatorio y sin necesidad de indemnizar.
“Es improcedente e injusto el pago de las indemnizaciones a los notarios, porque ellos nunca cesaron de prestar sus servicios a nuestros clientes (...). El Tribunal Contencioso-Administrativo concede a los notarios indemnizaciones que exceden en mucho los beneficios que tendría cualquier trabajador del Banco”, insistió Naranjo.
