San José
El Banco Popular estableció un tope de cesantía de 20 años a sus 3.772 empleados en su nueva convención colectiva.
La institución bancaria y el Sindicato de Trabajadores del Banco Popular (Sibanpo) acordaron el máximo beneficio de prestaciones legales en el proceso de negociación del acuerdo laboral.
Así se detalla en dos oficios del Ministerio de Trabajo, uno del 14 de diciembre del 2016 y el otro del pasado 21 de abril, de los cuales tiene copia La Nación.
El primero, el DRT 519-2016, es del Departamento de Relaciones de Trabajo y el segundo, el DAJ-AER-OFP-101-17, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio.
En los documentos también se indica que el Banco y Sibanpo acordaron mejorar los incentivos en el pago de horas extra y el subsidio adicional para incapacidades, así como dar estatus de vinculantes a los acuerdos de la Junta de Relaciones Laborales de la institución.
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Los informes de Trabajo hicieron cuestionamientos a estos beneficios. Por tal razón, el Banco Popular decidió renegociarlos, excepto el auxilio de cesantía, confirmó la institución a este diario.
"El Banco inició el proceso de renegociación, pero hasta el momento el Sindicato no se ha presentado", recalcó la entidad, por escrito.
Oriette Zonta, secretaria general de Sibanpo, se negó a referirse al nuevo acuerdo laboral y a las objeciones señaladas por el Ministerio.
"Ponga lo que quiera, ese documento (convención) aún no es el final. El que usted pueda tener, no es el documento final, así que cuidado. Hasta el lunes me reúno con mis asesores legales y veremos el tema", manifestó Zonta durante una conversación telefónica con La Nación.
El Banco Popular y Sibanpo renegociaron la convención colectiva durante el 2016 y, para final de año, estaba previsto el cierre del proceso.
La institución financiera pagó a sus empleados, el año pasado, ¢13.422 millones en beneficios amparados en la convención colectiva, según una estimación de este diario con base en la liquidación presupuestaria de gastos entregada por la entidad a la Contraloría General de la República, en febrero anterior.
Las críticas.
El Banco Popular informó de que establecieron la cesantía a 20 años porque la Sala IV lo dispuso razonable en el 2012.
En la convención colectiva que está vigente no se especifica el límite de la cesantía, pero la entidad financiera aplica el máximo permitido por ley.
"La disposición de la Sala Constitucional fue la acogida por el Banco y se mantiene como el resto del sector público (tope de 20 años)", argumentó el Banco ante su negativa de renegociar a la baja dicho beneficio.
En el caso de las horas extras, el acuerdo permite pagar más de cuatro horas por día en casos calificados.
Sin embargo, en el oficio del Departamento de Relaciones de Trabajo se criticó el beneficio pues la jornada laboral excedería las 12 horas diarias dictadas por el Código de Trabajo.
El documento también objetó que el subsidio de incapacidad se tome para cálculos de prestaciones, liquidación u otro beneficio laboral.
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En este banco público, cuando un empleado se incapacita por enfermedad, el patrono aporta el 40% del subsidio –la Caja paga el 60% restante– para que el trabajador reciba el 100% del salario.
Sin embargo, en el oficio remitido al Banco y al sindicato se advierte que la Procuraduría General de la República estableció, en un dictamen vinculante en el 2012, que el subsidio no puede contabilizarse como parte del salario.
El último cuestionamiento fue que las decisiones de la Junta de Relaciones Laborales sean vinculantes al Banco cuando hay mayoría absoluta.
En este caso también se remitió a un dictamen de la Procuraduría, del 2013, en el cual se determinó que las juntas de relaciones laborales son órganos de consulta y a sus decisiones no se les puede atribuir un efecto vinculante.
En espera.
El nuevo acuerdo laboral de la entidad bancaria aún no está vigente, pues está pendiente la homologación del documento.
Este es el proceso en el cual se hace una revisión legal de la convención por parte de Trabajo y se hacen observaciones antes de que entre en vigencia.
Precisamente, el trámite de oficialización del acuerdo se atrasó porque en el oficio del Departamento de Relaciones de Trabajo se hicieron críticas a algunos artículos.
Sin embargo, Nancy Marín, viceministra de Trabajo, desacreditó el oficio con base en un dictamen jurídico del Ministerio; esto ocurrió luego de que Sibanpo pidiera la intervención de la funcionaria.
El Gobierno ordenó, desde el inicio de la administración, renegociar a la baja las convenciones colectivas.
Incluso en el discurso del 1. ° de mayo, el presidente Luis Guillermo Solís, destacó un recorte en el costo de los acuerdos de Japdeva, Recope y el Banco Nacional.
El Popular insistió en que durante las últimas renegociaciones hubo ahorros.
"En la negociación se están considerando nuevas jornadas laborales que permitirán ofrecer mayor disponibilidad de horarios para la atención de la clientela, a costos menores a los existentes", argumentó el Banco, sin brindar mayores detalles.