La banca estatal es escéptica en cuanto a poder cumplir las metas de diversificación del crédito ordenadas por el Gobierno en sectores como el agropecuario, industria, pesca y turismo.
Los principales argumentos son que no pueden colocar la mayoría de sus préstamos en estas actividades, sin evitar riesgos y porque están obligados a cumplir con las normas, cada vez más estrictas, de supervisión en materia crediticia.
Tales razones se analizan en la Comisión Interbancaria creada por el Consejo de Gobierno, en la cual se buscan los mecanismos para diversificar los créditos en la banca pública.
En octubre anterior, el Poder Ejecutivo emitió una directriz en la que ordenó elevar los préstamos a los sectores menos favorecidos y catalogados como prioritarios para el Gobierno.
También dictó reducir el margen de intermediación financiera (diferencia entre las tasas de interés de los préstamos y las de captación) y mejorar el indicador de eficiencia.
La Nación consultó al Banco Central, coordinador de la Comisión Interbancaria, acerca de estas críticas a la directriz, pero no hubo respuesta antes del cierre de esta edición.
El decreto ejecutivo es de acatamiento obligatorio para el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Bancrédito y el Banco de Costa Rica (BCR). Mientras, al Banco Popular se le instó a adoptar la directriz.
El gobierno de Luis Guillermo Solís decidió la diversificación de la cartera de crédito pues en vivienda, consumo, servicios y comercio se concentra el 75% del saldo de recursos otorgados por la banca pública.
Al cierre del año pasado, el agro, el turismo, la industria y la pesca representaban apenas el 12% del saldo total de préstamos concedido por los bancos del Estado, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Críticas. Los bancos públicos consideran difícil cumplir con el objetivo de diversificar el crédito y de reducir en 15 puntos porcentuales el índice de eficiencia, en un periodo de cuatro años.Este indicador mide cuánto de la ganancia de cada entidad se destina al gasto administrativo y salarial. El promedio de la banca pública cerró en 65%, en febrero anterior.
“Las directrices tienen aspectos que los bancos del Estado no pueden cumplir. Por ejemplo, el colocar en un segmento la mayoría de cartera de crédito”, afirmó Juan Carlos Corrales, gerente general del Nacional, según el acta 12.051, de enero anterior.
Eduardo Ramírez, director jurídico del BCR, confirmó que le plantearon al Gobierno modificar los criterios relacionados con el margen de intermediación, tal como están en la directriz. Esto, al considerar que su impacto financiero sería excesivo.
El Gobierno propuso reducir el indicador en al menos un punto porcentual a diciembre del 2018. Esa diferencia entre las tasas activas y las pasivas es la principal fuente de ingresos de los bancos.
“Este proceso de diversificación es incompatible con las expectativas de reducción del margen de intermediación en la forma en que está planteado en la directriz, debido a que para ello habría que establecer un sistema de precios de captación y colocación”, recalcó Ramírez.
Gerardo Porras, gerente general de Bancrédito, insistió en que la directriz tiene implicaciones relevantes en la operación de los bancos; por tanto, su implementación debe hacerse con cuidado para no afectar la administración de cada entidad.
Maurilio Aguilar, director de Riesgo del Banco Popular, apuntó que los sectores productivos que el Gobierno busca estimular pasaron un proceso de crisis en años pasados, por lo que es vital analizar cada sector.
“La ley le establece al Banco la protección y el bienestar de la población trabajadora; ese tipo de directriz podría entrar en conflicto con ese objetivo y afectar la sostenibilidad por atender sectores o proyectos con un posible riesgo no compensado”, dijo Aguilar.