EscucharLos diputados podrán disfrutar de la Semana Santa con la conciencia tranquila, debido a que en materia de aprobación del proyecto de transformación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE) no se lavaron las manos como Poncio Pilatos.
Prueba de lo anterior es que ayer, al ser las 10:15 p.m., la Asamblea Legislativa aprobó -en segundo y último debate- la creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Hubo 45 votos a favor y uno en contra, el del independiente Rodrigo Gutiérrez.
Pocos minutos después, el presidente del Congreso, Antonio Alvarez Desanti, decretó un receso. El plenario volvió a reunirse a las 12:05 a.m. de hoy para dejar el acta de aprobación en firme.
La iniciativa en cuestión pasó el primer debate el jueves pasado, a las 5:42 p.m., día en que contó con el apoyo de 43 legisladores y el rechazo de Gutiérrez.
El miércoles, los parlamentarios acordaron sesionar ayer sábado, a partir de las 9 p.m., en aras de llegar a la última estación del prolongado vía crucis que enfrentó esta propuesta en la Asamblea.
Fructífera semana
De esta manera, en el alto de Cuesta de Moras se puso fin a una semana fructífera en cuanto a darle luz verde a varias iniciativas. Se trata de la enmienda constitucional denominada garantías económicas, así como a los proyectos sobre violencia doméstica y un nuevo Código de Procedimientos Penales.
Hay que agregar el dictamen afirmativo que recibió, en comisión especial, el plan para reformar varios artículos del Código Electoral.
Sobre la transformación del SNE, cabe destacar que esta ley concederá a los ciudadanos el derecho a objetar las tarifas y la calidad de los servicios recibidos en materia de electricidad, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados, combustibles, aguas nacionales, riego y transporte.
Consultado sobre la aprobación de esta propuesta, Leonel Fonseca -director del SNE- manifestó que este es el final de una lucha personal ya que, desde que él ingresó en la institución -en 1961-, había visto pasar una gran cantidad de proyectos sin éxito.
"Nos guste o no, por la incapacidad financiera del Estado costarricense para satisfacer la demanda de los servicios públicos, vendrán empresas nacionales o internacionales a colaborar en la prestación de servicios públicos, y ahí se necesita un árbitro capaz técnica y legalmente, independiente del Gobierno Central y transparente", expresó.
