Ninguna denuncia por delitos tributarios presentada por la Dirección General de Tributación ante el Ministerio Público entre el 1.° de enero del 2000 y el 30 de junio del 2009 ha llegado a juicio.
Así lo señaló la Contraloría General de la República en un estudio cuyos resultados divulgó ayer.
Hasta octubre del 2009, la Dirección General de Tributación había presentado 71 denuncias por eventuales delitos tributarios al Ministerio Público, por un monto supuestamente evadido de ¢22.988 millones.
“Se trata de denuncias en que el contribuyente supuestamente omitió ingresos a la Administración o está deduciendo una serie de costos y gastos de difícil probanza o inexistentes”, explicó la Controlaría en un comunicado de prensa.
De todas estas denuncias, 44 casos se encontraban en trámite al realizar el estudio, 15 casos más fueron desestimados y 12 sobreseídos.
El sobreseimiento se puede dar por varias razones, y en la mayoría de estos casos fue porque los elementos de prueba fueron insuficientes para fundar la acusación.
En cuatro casos, que fueron sobreseídos, los imputados se acogieron a la reparación integral del daño y pagaron al fisco ¢434 millones.
No opinó. Ayer se le solicitó la opinión al director general de Tributación, Francisco Fonseca, pero no contestó.
La Contraloría realizó el estudio a partir del año 2000, pues en 1999 se implementaron cambios en la regulación de los delitos establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
La denuncia de la Contraloría se da en un momento en que el Gobierno batalla para reducir un déficit fiscal (exceso de gastos sobre ingresos de los tres poderes, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones) que Hacienda estima que este año representará entre un 4% y un 5% de la producción (un 5% son unos ¢922.000 millones, según la producción estimada del 2010).