San José.
Productores, importadores, representantes de los consumidores y la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) exponen durante todo el día de hoy sus posiciones ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) debido a la petición del sector industrial de aumentar el arancel o impuesto de entrada a las importaciones de grano pilado (sin cáscara) del actual 35% a un 70%.
La medida se lograría mediante la aplicación de la denominada cláusula de salvaguardia, un mecanismo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuando las importaciones masivas de un producto a precio bajo dañan la producción local de un país.
El MEIC es la entidad encargada de tomar la decisión final. Odalys Vega, directora de Defensa Comercial de esa entidad, explicó que las partes exponen hoy sus posiciones oralmente, tendrán 15 días naturales para presentarlas por escrito y el plazo para que se tome la decisión final se termina el próximo 11 de diciembre.
En la audiencia, Conarroz y los productores acuerpan la posición de los industriales y piden que se imponga el aumento en los aranceles. Por su parte, los importadores y el grupo Consumidores de Costa Rica tienen una posición contraria y argumentan que se debe mantener la opción para que más empresas puedan importar el grano.
Renzo Céspedes, asesor en política comercial internacional de Conarroz, advirtió que el daño a la producción y la industria nacional no se presenta por la cantidad de arroz importado sin cáscara sino en cuanto al precio, pues los subsidios a los agricultores que dan países como Estados Unidos distorsionan la cotización del cereal en el mercado mundial.
Luis Martínez, productor del grano y presidente de la regional de Conarroz en la zona Huetar Norte, señaló que si el MEIC no aplica la cláusula de salvaguardia, seguirán los problemas con negativas de la industria a recibir la cosecha nacional y persisitirá el pago de precios menores al agricultor, pese a que la cotización está fijada en ¢22.604 por cada saco de 73,6 kilos en granza, puesto en la planta procesadora.
Pero Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, denunció que en el fondo se quiere mantener el negocio de las importaciones solo en unas pocas empresas y evitar que nuevas compañías entren al mercado.
Agregó que no es cierto que el freno a las importaciones beneficiará a los productores, pues el precio para ellos seguirá igual al estar fijado por ley, mientras con la medida al consumidor tiene menos opciones de escoger orígenes y presentaciones de este alimento.
El arroz es el producto de más consumo en el país, con una demanda de 18.697 toneladas al mes.