Ente duplicaría sus ingresos de ¢2.500 millones que recibe a ¢5.000 millones

 8 abril, 2014

La Dirección de Aguas, que se reestructurará con la nueva Ley de Recurso Hídrico – actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa– proyecta duplicar sus ingresos de ¢2.500 millones a ¢5.000 millones, en los próximos cuatro años.

Esto lo lograría persiguiendo a cerca de 4.000 usuarios ilegales que consumen agua sin pagar.

Esta recaudación la proyecta la entidad, que con la ley adquiere el nombre de Dirección Nacional de Aguas (DINA), mediante el cobro de los dos cánones vigentes desde hace ocho años: el de vertido (si contamina paga) y el de aprovechamiento (si usa paga).

Esos cánones los cancelan todos los que tienen concesión de agua y brindan el servicio como Acueductos y Alcantarillados (AyA), Servicios Públicos de Heredia y 28 municipalidades del país, así como empresas industriales, agropecuarias, agroindustriales, turísticas y comerciales, entre otras.

La iniciativa de ley, expediente 17.742, fue votada en primer debate el 27 de marzo pasado. Este proyecto fue presentado en mayo del 2010 por iniciativa popular; es decir, con el respaldo de más de 150.000 firmas de ciudadanos, correspondiente al 5% del padrón electoral. La ley espera ser ratificada por los diputados, en segundo debate.

Únicamente, el 60% de los concesionarios que utilizan el agua renuevan sus permisos cada año, el restante 40% son usuarios ilegales, según estimaciones de la Dirección de Aguas. | ARCHIVO
Únicamente, el 60% de los concesionarios que utilizan el agua renuevan sus permisos cada año, el restante 40% son usuarios ilegales, según estimaciones de la Dirección de Aguas. | ARCHIVO

Fuga de dinero. La Dirección de Aguas tiene registrados 4.500 concesionarios legales que pagan los cánones y renuevan el derecho de uso de agua cada año, pero calcula que otros 4.000 están ilegales porque no renovaron la concesión.

Una concesión es el derecho otorgado por esa entidad para utilizar el líquido. Existe el uso de agua subterránea que se obtiene al perforar pozos, y el uso de agua superficial que se extrae de los ríos.

“Hay muchos ilegales que toman el agua y no hay mecanismos para denunciarlos. Con la nueva ley habrá más herramientas, lo que permitirá más legalidad e ingresos”, explicó el director de Aguas, José Miguel Zeledón.

Lo mismo opina el diputado liberacionista Alfonso Pérez, presidente de la Comisión de Ambiente que dictaminó el proyecto. “Con la ley el control será mayor porque hay mucha gente que tiene pozos ilegales y la Dirección no tiene recursos para cobrarles”.

La Dirección ha tenido problemas de ejecución de los recursos por el tope presupuestario puesto por el Ministerio de Hacienda, de ¢500 millones al año.

Ahora, la DINA tendrá personería jurídica y manejará su fondo de aguas con base en cánones, además de otras tareas.

Los principales obstáculos para cobrar, aparte de los usuarios ilegales, son la centralización de la Dirección en San José y que no se contaba con herramientas jurídicas para actuar de forma efectiva.

Lo primero se resolverá con la nueva ley porque se crean 12 oficinas regionales alrededor del país, con más funcionarios y un registro más estricto para mejorar el cobro.

El tema jurídico también cambia porque se podrá sancionar a los usuarios ilegales con la prohibición de obtener una concesión de agua durante dos y hasta por seis años, según la gravedad del caso.

Luisa Díaz, asesora de Competitividad de la Cámara de Industrias, uno de los sectores más activos en el proceso de la ley, dijo que lo complicado del trámite y la centralización explican que existan tantos usuarios ilegales.

A raíz de la nueva ley, la DINA tendrá que aumentar la planilla de 41 empleados con que cuenta en la actualidad, entre técnicos, abogados y administrativos.

Zeledón prefirió no decir aún en cuánto crecerán, pero admitió que requerirán más personal.