Economía

Adelantó que federación regional prepara oposición a apertura del mercado

Nuevo presidente de arroceros rechaza liberalizar precio y permitir promociones

Actualizado el 21 de junio de 2017 a las 05:32 pm

Grupo de consumidores dice que la posición de Conarroz no cambiará y, por eso, confía en los procesos judiciales en marcha

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San José.

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) sostiene que una liberalización del precio en Costa Rica condenaría al cierre a los pequeños productores de ese alimento.

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) sostiene que una liberalización del precio en Costa Rica condenaría al cierre a los pequeños productores de ese alimento. (Marvin Caravaca/Archivo)

El nuevo presidente de la Corporación, Alberto Alfaro Fernández, no se anduvo con rodeos y dijo que su tarea consiste en defender la fijación de precios del grano y en hacer respetar un decreto mediante el cual se prohíbe adicionar productos como regalías a las presentaciones del cereal y evitar cualquier otro tipo de promociones.

Alfaro también adelantó que ante la desgravación paulatina de los aranceles o impuestos de entrada del grano, acordada en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, la Federación Centroamericana de Productores de Arroz (Fecarroz) analiza las opciones para oponerse a tal medida.

Esta última decisión se basará, aseguró, en las distorsiones de mercado que causa la política de subisidios a la agricultura aplicada por Estados Unidos. La solicitud se podría presentar en el mecanismo de solución de diferencias del TLC o incluso en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El arroz es el único producto que se mantiene en Costa Rica con precio fijado por el Gobierno, que lo hace por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Comerciantes y grupos de consumidores se oponen a esa fijación y se basan en estudios para decir que perjudica al consumidor y no beneficia a los pequeños productores como se pretende con esa política.

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Erick Ulate, presidente de la asociación Consumidores de Costa Rica, afirmó que el discurso de los arroceros se puede endurecer en la verbalización, pero en el fondo se mantiene la misma posición de la Conarroz. Por eso, dijo, la situación no va a cambiar y la asociación entonces confía en la resolución de dos procesos judiciales que están actualmente en marcha.

Uno de esos procesos ya tuvo una resolución en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el cual se condena al Gobierno a devolver el sobreprecio cobrado en el arroz, pero el MEIC lo apeló en Casación y está pendiente de resolución en la Sala Primera.

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El otro proceso también está en la Sala Primera y pide un fallo en el sentido de que el Gobierno no puede repetir el acto generador del sobreprecio, es decir, la fijación del valor del alimento por decreto.

Caída de aranceles

Alfaro, quien ha sido productor de arroz durante cuatro décadas, aseveró que Estados Unidos mantiene subsidios a la producción agropecuaria y que, por lo tanto, distorsiona el precio de los productos y su exportación. Por eso, aseguró, buscan a escala centroamericana un mecanismo para enfrentarse a la eliminación de los aranceles al grano en el marco del TLC.

Los aranceles se suprimirán tras un periodo de 20 años desde que entró en vigencia el TLC. De ese plazo, 10 años fueron de gracia, es decir, no se tocaron los impuestos de entrada, y los otros 10 años son de eliminación gradual y paulatina de esos tributos. Este último lapso ya está en marcha y terminará con la eliminación total del impuesto en el 2025.

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Según Alfaro, los productores centroamericanos tienen claro que hay una distorsión del mercado, pero están en este momento en el proceso de recopilar los datos para armarse y presentar la demanda. Por eso, agregó, no se puede determinar aún si se hará en el marco del TLC o ante la OMC.

El nuevo presidente de Conarroz asume luego de una fractura en las relaciones entre productores e industriales en esa entidad. Ante una consulta al respecto, aseguró que irá a tender puentes, a tocar puertas y no a golpearlas. Por eso dijo que desde ya está haciendo trabajo para que los sectores unan fuerzas y coordinar con los representantes del Gobierno.

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En lo relativo a la fijación de precios y a la prohibición de las promociones, señaló la existencia de decretos vigentes al respecto, los cuales se deben respetar. Cualquier acción diferente, agregó, es contraria a la ley y se debe controlar.

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Marvin Barquero S.

mbarquero@nacion.com

Periodista de Economía

Periodista en la sección de Economía. Realizó sus estudios de Comunicación en la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre temas de producción y de comercio exterior.

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