El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) enfrenta problemas administrativos, que le impiden ejecutar los nuevos recursos otorgados a finales del 2012.
La transformación del antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) al Inder subió sus ingresos tributarios en ¢7.000 millones extra, durante el primer año de aplicación de la ley.
El cobro de impuestos significó, en el 2013, un total de ¢28.000 millones de recursos para la entidad, un 35% más frente al año previo, según los estados financieros de la institución.
Sin embargo, el otorgamiento de fondos adicionales no fue de la mano con la modernización de la estructura operacional del Inder, criticó la Contraloría General de la República .
La consecuencia es un incremento acelerado del superávit, que ascendió a ¢16.700 millones en los últimos tres años.
La información financiera de la entidad muestra que en los últimos tres años, también aumentaron los egresos de la institución.
Sin embargo, Ricardo Rodríguez, actual presidente ejecutivo del Inder, criticó que dicho gasto se dio en la administración anterior en proyectos polémicos.
Entre los cuestionamientos están el pago de ¢100 millones a abogados externos para la redacción del reglamento ejecutivo de la nueva ley y la compra de 14 terrenos.
La nueva legislación permite a la entidad cobrar tributos especiales para su fortalecimiento. El timbre agrario es el que más recursos genera, pero también están los impuestos a las gaseosas, cervezas y cigarrillos.
Freno. El presidente ejecutivo del Inder explicó que la ley actual impide utilizar recursos en proyectos rurales si antes no estaban constituidos los territorios para desarrollo y sus planes.
“Cuando entramos, en mayo del año pasado, descubrimos que solo estaba constituido el territorio Talamanca-Valle de La Estrella. Al finalizar el 2014, teníamos 10 territorios conformados con el plan operativo a ejecutar”, aseguró Rodríguez.
Añadió que a partir del 2015 mejorará la ejecución de los recursos, pues cuentan con las zonas y planes de desarrollo.
Sin embargo, Rolando González, actual diputado liberacionista y expresidente del Inder, aseguró que el Gobierno sumió a la institución en la parálisis por su actitud de cuestionar todo lo realizado anteriormente.
“La acumulación de recursos es una injusticia y una prueba de la incompetencia para dirigir a la entidad”, dijo González.
Para Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional), el cambio del IDA al Inder no se ha plasmado en nuevos proyectos productivos en zonas rurales.
“Nos hablaron de nuevos recursos y reactivación de programas, pero no hemos visto ningún cambio”, aseguró Vargas.
La Contraloría dio un plazo de 200 días al Inder para implementar la nueva estructura de operación y para desarrollar sus nuevas potestades legales.