El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) pagó ¢100 millones por la elaboración del reglamento ejecutivo para ejecutar la nueva ley de la entidad, pero dicho documento nunca fue utilizado.
Ricardo Rodríguez, presidente de la institución, confirmó que se contrató un bufete de abogados independiente para desarrollar esa normativa.
Sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se incautó del documento en febrero del 2014, durante un allanamiento al Inder, agregó.
La Contraloría General de la República confirmó que la licitación para confeccionar el reglamento aún está en investigación en el Ministerio Público.
Según el ente contralor, la ley no impide que una entidad pública pueda realizar ese tipo de contrataciones.
No obstante, les ordenó al Inder y al Ministerio de Agricultura, redactar el nuevo documento, pues son los responsables directos.
Rolando González, expresidente del Inder, afirmó que la ley permite contratar a un tercero cuando no hay capacidad o hay inopia en la institución para atender la tarea.
“Desconozco qué movió a la institución a no usar el reglamento contratado, pues estuve hasta enero del 2013”, recalcó.
Terrenos. Por otra parte, el actual presidente del Inder cuestionó la compra de 14 fincas por ¢15.000 millones, entre el 2012 y el 2013, pues aseguró que se hizo sin cumplir criterios técnicos.
Rodríguez manifestó que la nueva ley del Instituto dicta que, antes de adquirir fincas, es necesario contar con un plan de desarrollo de proyectos, coordinado con los sectores productivos e institucionales.
“Las compras se hicieron sin contar con esos planes”, enfatizó el jerarca.
Sobre esto, González dijo que en la compra de tres fincas hubo controversias técnicas en el seno de la Junta Directiva.
“Frente a criterios técnicos de reserva hubo otros de aprobación. Jamás hubo actos sesgados ni carentes de fundamentos. Se trata de diferentes enfoques”, recalcó González.