San José (Redacción). Tras un acuerdo verbal entre el viceministro de Seguridad de Panamá, Manuel Moreno y Mario Zamora ministro de Seguridad Pública, se puso fin al conflicto que hace ocho días afecta la frontera común entre ambos países.
Los jerarcas se comprometieron a mediar en el conflicto que mantienen los transportistas centroamericanos para una agilización de tramites de revisión de los vehículos de lado panameño.
“Logramos servir de puente y se regrese la normalidad en esta frontera”, dijo Mario Zamora, quien viajó esta tarde a Paso Canoas.
En Panamá se van a seguir dando los controles de seguridad, pero de modo ágil para que los transportistas no pierdan mucho tiempo en las revisiones que realiza la policía panameña, manifestó Zamora.
Los acuerdos verbales que se van materializar cuando esté de visita la presidenta Laura Chinchilla este 14 de marzo en la inauguración de la Feria Internacional de David, Panamá.
Según informó Manuel Mora presidente de los Transportistas de Carga de Panamá este país a tenido perdidas que superan los $2 millones.
“Ceca de 500 furgones se encuentran varados en Costa Rica con mercadería que viene para Panamá y eso le hace un gran daño a la economía del país”, dijo Mora.
Desde el pasado jueves los transportistas centroamericanos se manifestaron con no entrar a Panamá hasta tanto el gobierno costarricense no mediara en Panamá y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) entidad que según los conductores de transporte pesado los ha tratado muy mal.
Las estadísticas que maneja el Senafront indican que en el mes de febrero se revisaron cerca de 70 vehículos con placas extranjeras de las cuales 30 eran costarricenses.
Frank Abrego, director del Senafront, Panamá no vamos a dejar sin seguridad a nuestro país, con el retén que mantenemos en San Isidro ubicado a un kilómetro de Paso Canoas. Estamos incrementado las seguridad y no vamos a permitir que ingrese droga, explosivos ni dinero proveniente del crimen organizado.
Como acuerdo adicional Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) se compromete a consultar con el Instituto Nacional de Seguros los criterios legales que afectan el pago de Seguro Obligatorio para transportistas de Centroamérica a efectos de que el mismo se realice en un formato anual y por un monto de ¢9.500.
Por su parte, el jefe de la Delegación panameña, el director de Fenafront y la directora de aduanas se comprometieron verbalmente a ejercer los controles del caso en tiempo razonable, respetando el derecho de los usuarios, a promover la disponibilidad de la Oficina de la Autoridad de Transito ubicada en el puesto fronterizo en Paso Canoas para el pago de las infracciones impuestas a los extranjeros y apegarse a los plazos y a los procedimientos previstos en la legislación de Tránsito panameña.
Sobre la posición de Juan Carlos Segura, dirigente de los transportistas, en torno al conflicto, el viceministro de Ingresos de Hacienda, Álvaro Ramos, dijo que en octubre se firmó un acuerdo con Panamá, en el cual se dejaron reglas claras para dar seguridad jurídica a los automóviles panameños.
El lunes pasado hubo una reunión de seguimiento y Panamá aceptó que Costa Rica ha respetado este acuerdo. Por lo tanto, los carros panameños que se decomisaron porque carecían de papeles no fueron el origen del conflicto, ya que se ha conversado en varias oportunidades con las autoridades panameñas y ellas han manifestado su conformidad con el actuar costarricense y con las soluciones propuestas por Costa Rica.