El número de quejas por inconvenientes con tarjetas de crédito llegó a 52 en el 2010, según datos de la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía.
La cifra parece modesta si se toma en cuenta que ayer, en cuestión de tres horas, una cantidad similar de personas reportó haber tenido algún problema con tarjetas de crédito, en una consulta de este diario en la red social
Sin embargo, para dicha Dirección lo positivo es que cada vez más personas se acercan a plantear quejas relacionadas con este tipo de producto financiero.
En los últimos años, el número de denuncias ha crecido en forma sostenida, desde 13 anuales, en el 2006, hasta las 52 del 2010.
“La gente está perdiendo el miedo; estamos en un proceso de adaptación de los dueños de tarjetas”, explicó Cynthia Zapata, directora de la Oficina de Protección al Consumidor.
La principal queja de los tarjetahabientes es el incumplimiento del contrato que firmaron, seguido por falta de información y publicidad engañosa, según la Oficina.
Dentro del rubro de incumplimientos de contrato se citan: sobregiros que no se produjeron, errores del banco, anualidades y renovaciones no pactadas, incongruencia de datos o incumplimiento de promesas.
La funcionaria explicó que en muchas ocasiones una directriz del banco, como el tiempo que congela el dinero de una transacción fallida, puede comprometer el patrimonio del cliente. “Imagine un monto congelado 45 días”, comentó.
“Existe un desconocimiento general sobre las tasas de interés, y de ahí se generan las quejas mas frecuentes”, comentó Lisandra Chaves, gerente de Relaciones Públicas del banco Citi.
Chaves explicó que pronto iniciarán una campaña informativa de apoyo para sus tarjetahabientes sobre esta materia. “Siempre recomendamos a nuestros clientes revisar bien el contrato, antes de obtener una tarjeta”, dijo.
En el Banco de Costa Rica algunas de las consultas más comunes se relacionan con transacciones que el cliente no reconoce u olvida, explicó Errol Gamboa, gerente de la división de tarjetas.
Si el emisor prefiere atenerse a procedimientos y plazos regulatorios más amplios, entonces la Oficina acompaña y asesora al denunciante durante el proceso. “Un 65% de las denuncias encuentran solución en esta etapa”, dijo Zapata.
De no existir acuerdo, el afectado puede iniciar un procedimiento administrativo contra el emisor. En este proceso, la Oficina le brinda acompañamiento y asesoría sobre sus derechos y las pruebas que debe presentar en su defensa.