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El sector agropecuario considera que fue afectado con la creación de banca para el desarrollo, pues le quitaron sus fideicomisos específicos. | ARCHIVO
La forma en que se modificará la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) mantiene divididos a grupos y fracciones legislativas.
Aunque los miembros de la comisión legislativa especial que analiza los cambios afirmaron que hay consenso en varios aspectos, el punto central aún los separa.
Se trata de la mecánica para poder utilizar un fondo de $320 millones, procedente del 17% de las cuentas corrientes de los bancos, y que se denomina “peaje” bancario.
Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) respaldan la posición propuesta por la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y presidenta del consejo rector del SBD, Mayi Antillón. Consiste en convertir el “peaje” bancario en un canon sobre las ganancias de los bancos.
Así lo dijo la legisladora del PLN e integrante de la comisión especial para el tema, Annie Saborío.
Sin embargo, los integrantes de las otras fracciones prefieren mantener el “peaje” tal y como está y hacerlo operativo.
Esta última posición fue confirmada por Wálter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Jeanette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La presidenta de la comisión, Patricia Pérez, del Movimiento Libertario, también ha dejado clara su opinión en el sentido de hacer operativo el “peaje”.
El principal argumento en favor del “peaje” es el monto de recursos que pone a disposición del SBD. El canon daría recursos anuales por unos ¢12.500 millones, mientras el “peaje” es por un monto cercano a los ¢160.000 millones.
El punto en contra es cómo hacer que funcione un fondo que ya tiene más de tres años sin uso, pues la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no permite una supervisión diferenciada para los dineros. Argumenta que son fondos del público y no se pueden poner en riesgo.
Esto se haría sacando la definición de sujeto de crédito y de microempresarios del ámbito de la ley de pequeñas y medianas empresas y ubicándola con base en lo que reportan a la Dirección General de Tributación.
El proyecto no se tardará más allá de un mes en estar listo, coincidieron todos los consultados.
En el sector privado, Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), dudó del resultado final de este esfuerzo y criticó que al agro le quitaran los anteriores fideicomisos y lo dejaran sin recursos.
