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El proyecto pretende atacar la especulación en el precio de las propiedades y eliminar la informalidad entre los corredores de bienes raíces. ARCHIVO
La informalidad en el ejercicio de la correduría de bienes raíces y la poca claridad que existe en los contratos inmobiliarios podría llegar a su fin si el Congreso aprueba un proyecto de ley que regularía el sector.
El proyecto Ley reguladora de los contratos inmobiliarios y de la correduría de bienes raíces busca establecer reglas claras en figuras contractuales como arrendamiento inmobiliario, fideicomiso, garantía y seguros de títulos.
La intención es obligar a los corredores de bienes raíces a registrarse ante la Dirección General de Tributación y la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para evitar abusos de confianza y lavado de dólares a través de la venta de propiedades.
Esto ha provocado que, en algunas ocasiones, inversionistas nacionales y extranjeros hayan sido víctimas del sobreprecio y de estafas, al adquirir propiedades que no pertenecen al vendedor o que se encuentran en estado precario.
Otro de los problemas habituales, de acuerdo con París, es la actuación de profesionales y no profesionales como corredores y depositarios de garantía (tercero imparcial que recibe dinero y documentos que entrega una vez cerrado el negocio), lo cual plantea conflictos de interés.
En el proyecto propuesto por el Programa de Regularización del Catastro de la Propiedad Inmueble en Costa Rica, se establece que el agente depositario no podría ser a la vez corredor, abogado o notario en una misma transacción.
Además, con el fin de aplacar la informalidad entre los corredores se exigiría tener suscrita y vigente una póliza o garantía de cumpliento y estar vinculado al menos a una asociación de corredores de bienes raíces autorizada.
De la misma forma, a los corredores se les prohibiría cobrar por un inmueble una suma superior a la pactada con el cliente.
“La ley mejoraría la imagen internacional del país que hoy es conocido como un paraíso fiscal para la legitimación de capitales de dudosa procedencia y como una zona de tránsito de droga”, apuntó Francisco Barquero, presidente de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CCCBR).
Para Emilia Pizza, presidenta de Asociación de Profesionales Inmobiliarios, es un claro incentivo para que la legislación se ponga al día con los sistemas internacionales.
De momento, la propuesta no cuenta con claros opositores. Sin embargo, la fecha de dictamen es incierta pese al estatus prioritario en la comisión.
